Subsecretario Briozzo califica de “extremadamente exitosa” la ley de legalización de la marihuana en Uruguay
En rueda de prensa, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (Uruguay) (MSP) Leonel Briozzo calificó como “extremadamente exitosa” la política de legalización de la marihuana en Uruguay, implementada mediante la Ley Nº 19.172. Briozzo, que ya se desempeñaba en el gobierno de José Mujica cuando la ley fue aprobada, sostuvo que la evaluación se sustenta en tres ejes principales.
Reducción del narcotráfico y del acceso ilegal
Según Briozzo, uno de los objetivos fundamentales era “la disminución del narcotráfico y con eso la disminución del comercio ilegal que llevaba al acceso a la boca de venta de otras drogas y a la violencia”. En ese sentido, indicó que hoy el 6 % de los consumidores accede a la marihuana a través del narcotráfico, frente al 60 % que se estimaba antes de la normativa.
Este dato se suma a los indicadores oficiales que muestran que en 2014 el consumo de marihuana en los últimos 12 meses en población urbana de 15 a 65 años era del 12,4 % en Montevideo y del 5,9 % en el Interior, luego de 2011-14.
Aumento de la edad de inicio del consumo
Otro eje que destacó Briozzo es el desplazamiento de la edad de inicio del consumo de marihuana, que según dijo pasó de los 18 años a los 20. “Eso para la salud pública y para el conocimiento del desarrollo de los adolescentes es capital porque justamente donde está estipulado que la marihuana puede tener efectos en el desarrollo neurológico es en la adolescencia”, añadió.
Encuestas nacionales muestran que en 2018 la edad promedio de inicio era de 20,1 años para el consumo de cannabis.
Disminución del consumo en un contexto de aumento general de drogas
Briozzo señaló como tercer elemento que, en un contexto donde ha aumentado el consumo de drogas legales e ilegales por motivos de salud mental, el consumo de marihuana ha disminuido desde 2018. Según datos recientes, en 2024 la prevalencia del consumo en los últimos 12 meses fue del 12,3 % en personas de 15 a 65 años, lo cual representa una caída respecto a 2018.
Contexto y cifras complementarias
Uruguay es uno de los pocos países que reguló el mercado de la marihuana recreativa mediante la ley 19.172, aprobada en diciembre de 2013. Según el informe “Mercado regulado de cannabis 2021” del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), al 31 de diciembre de 2021 había 67.998 personas habilitadas para acceder al cannabis regulado, de las cuales 47.515 eran adquirentes vía farmacias, 13.441 cultivadores domésticos y 7.032 miembros de clubes de membresía.
No obstante, también existen informes que indican que Uruguay registra la prevalencia más alta de consumo de cannabis en la región: 14,6 % en 2018, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en un informe de 2025.
Postura en la oposición
La evaluación de Briozzo no fue bien recibida por todos. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, expresó a través de su cuenta en la red social X que las declaraciones contradecían “lo evidente” y que solo buscaban “maquillar una realidad que les pasa por arriba”, argumentando que la adicción a las drogas aumentó y la edad de inicio bajó tras la legalización.
¿Qué implicaciones tiene para el futuro?
La reciente presentación de la Estrategia Nacional de Drogas 2026‑2030 sitúa la regulación del cannabis como una política estatal ya “consolidada” que ahora debe integrarse a un enfoque más amplio que incluye prevención, salud mental y participación ciudadana.
Este contexto refuerza la apuesta del gobierno uruguayo por considerar la normativa sobre el cannabis como parte de un sistema más amplio de gestión de sustancias, más allá del simple consumo recreativo.
Consideraciones finales
El balance que presentó Leonel Briozzo marca un viraje significativo en la narrativa sobre la ley de marihuana en Uruguay: de política controversial a “experimento evaluado” con indicadores concretos. Sin embargo, persisten desafíos y críticas abiertos, sobre todo en términos de prevalencia regional, percepción pública y efectos a largo plazo en salud mental y consumo problemático.
En definitiva, el país continúa avanzando en adaptar su marco regulatorio y de salud pública al nuevo escenario que genera la ley, mientras mantiene pendiente el seguimiento de los datos, la prevención y la evaluación amplia de sus impactos.
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