Preocupación en complejo del Banco de Previsión Social: vecinos jubilados viven aterrorizados por un agresor con presuntos problemas mentales
En el complejo habitacional perteneciente al Banco de Previsión Social (BPS), ubicado en la zona de las calles Setembrino Pereda y Éxodo, en Paysandú, los residentes —en su mayoría personas mayores— viven una situación de angustia creciente por la presencia de un hombre que, según los testimonios, protagoniza episodios de violencia, amenazas y agresiones físicas.
Vecinos relatan que el hombre en cuestión ocupa la vivienda que pertenecía a su madre, la cual decidió abandonarla por temor. Desde entonces él permanece solo en el lugar y los habitantes del barrio aseguran que “los tiene amenazados a todos”.
Según los denunciantes:
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El sujeto acumularía al menos 40 denuncias por diversos episodios de violencia y desórdenes.
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Tiene —según vecinos— problemas psiquiátricos y consumo de alcohol y drogas.
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Ha agredido a varios residentes mayores de 80 y 90 años.
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El episodio más reciente ocurrió cuando un matrimonio de edad avanzada estaba sentado frente a su casa: el agresor insultó, lanzó gestos, tiró al suelo a la mujer de 80 años y luego golpeó brutalmente a su marido de 93 años. Fueron trasladados a un centro asistencial, y en el caso del nonagenario se constató sangrado en la cabeza y recibió cuatro puntos de sutura.
El reclamo de los vecinos
Los afectados señalan que han presentado reiteradas denuncias ante la seccional policial correspondiente, pero la respuesta es insuficiente. Al parecer, la policía indica que no puede ordenar el retiro del agresor porque la vivienda es propiedad de su madre, aunque ella ya se fue y no vive allí.
Asimismo, los residentes han solicitado intervención del BPS para retomar el control del complejo habitacional, dado que están a merced de alguien que consideran un peligro latente. “Nos tiene amenazados… ya no dormimos tranquilos”, expresan.
Contexto habitacional
El complejo habitacional del BPS en cuestión alberga mayoritariamente a jubilados y pensionistas.
Según información oficial, el Programa de Soluciones Habitacionales del BPS está dirigido a titulares de jubilaciones o pensiones quienes, además, residen en el país y cumplen ciertos requisitos de ingresos.
Además, en el departamento de Paysandú se inauguró recientemente (2025) un edificio de 84 viviendas para jubilados y pensionistas ubicadas en avenida Salto y Setembrino Pereda, lo que indica que la zona es objeto de políticas de vivienda social focalizadas al adulto mayor.
Todo ello hace que la presencia de un agresor sin supervisión en un entorno concebido para personas mayores resulte aún más alarmante.
Relevancia y desafíos
El episodio llama la atención por varios motivos:
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Expone una vulnerabilidad concreta: personas de avanzada edad, en un entorno residencial especialmente dedicado a jubilados, que se sienten abandonadas frente a la violencia.
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Pone en evidencia la necesidad de coordinación entre instituciones: la seguridad pública, la supervisión de viviendas sociales y el seguimiento de personas con problemas de salud mental o consumo de sustancias.
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De cara a la política institucional, plantea el desafío de cómo actuar cuando un ocupante provoca reiterados problemas y aún así permanece en la vivienda.
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En términos de seguridad ciudadana, el caso genera alarma colectiva en un barrio habitado por adultos mayores que ya no cuentan con la edad u opciones para defensa activa.
Hacia una solución
Los vecinos reclaman acciones específicas:
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Que la autoridad competente (policía o judicial) evalúe la posibilidad de medidas de protección para los residentes, como la salida del agresor de la vivienda o su internación para tratamiento.
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Que el BPS intervenga como propietario o responsable del conjunto habitacional para garantizar un entorno seguro para los jubilados y pensionistas allí alojados.
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Que se articule una estrategia para el apoyo social y psicológico de residentes vulnerables, y se fortalezca la vigilancia o asistencia comunitaria en el complejo.
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Garantizar un seguimiento de denuncias para evitar que este tipo de situaciones se prolonguen sin solución.
Lo que comenzó como una queja vecinal se ha convertido en un llamado urgente por justicia, seguridad y bienestar para uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad: los adultos mayores. En un entorno pensado para resguardo y tranquilidad, la violencia irrumpió y no se ha contenido. Las instituciones tienen ahora la responsabilidad de actuar antes de que, como advierten los vecinos, ocurra una tragedia mayor.
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