Policías activos y retirados llevarán ante la OIT un reclamo salarial estimado en US$ 90 millones
Unos 800 policías uruguayos, entre funcionarios en actividad y retirados, preparan una presentación contra el Estado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de un reclamo salarial que se arrastra desde hace varios años.
La controversia gira en torno a una compensación equivalente al 10% de las remuneraciones sujetas a montepío. Los reclamantes sostienen que ese beneficio, establecido legalmente para retribuir la obligación de permanencia de los funcionarios policiales, no habría sido abonado correctamente durante un extenso período.
Según las liquidaciones realizadas por los promotores de la iniciativa, el monto global reclamado rondaría los US$ 90 millones. La cifra, sin embargo, corresponde a una estimación de la parte demandante y todavía no ha sido reconocida oficialmente por el Estado ni determinada mediante una resolución internacional.
Una compensación establecida en 1992
El origen del reclamo se encuentra en el artículo 118 de la Ley N.º 16.320, publicada en noviembre de 1992. La norma otorgó a los funcionarios del Ministerio del Interior con estado policial una compensación del 10% sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío, destinada a remunerar su obligación de permanencia.
El texto legal aclara que la propia compensación no estaría sujeta a montepío ni sería considerada para calcular otras partidas porcentuales. Este detalle resulta relevante, ya que en algunas informaciones el beneficio ha sido descrito simplemente como una “partida sujeta a montepío”, cuando en realidad se calcula sobre las remuneraciones que sí están alcanzadas por ese aporte. (Texto del artículo 118 en IMPO)
El abogado Nicolás Pereyra, representante de los reclamantes, explicó que ese 10% debería haber significado un incremento efectivo en los salarios policiales, pero afirmó que durante años no se habría pagado en la forma correspondiente.
De acuerdo con el profesional, anteriormente fueron presentadas acciones ante la Justicia uruguaya y los resultados no fueron uniformes: algunos reclamos obtuvieron resoluciones favorables y otros fueron rechazados.
Jorge Carreras, policía retirado e integrante del grupo que impulsa la presentación, manifestó su disconformidad con esas diferencias de criterio y sostuvo que los funcionarios realizaron tareas que, según entienden, no fueron remuneradas correctamente.
El reclamo ante la OIT
La presentación internacional estaría fundamentada en un presunto incumplimiento de los convenios 151 y 154 de la OIT, ambos ratificados por Uruguay. Estos instrumentos promueven la protección de los trabajadores públicos, el diálogo entre las autoridades y sus organizaciones representativas, así como mecanismos de negociación colectiva para establecer las condiciones de empleo.
El Convenio 151 está especialmente vinculado con las relaciones laborales en la administración pública, mientras que el Convenio 154 promueve la negociación colectiva, incluyendo asuntos como salarios, horarios y condiciones de trabajo. (Información de la OIT sobre negociación colectiva)
La intervención de la OIT no funciona de la misma manera que una demanda ante un juzgado nacional. El organismo puede examinar el cumplimiento de los convenios internacionales, solicitar información al Estado y formular observaciones o recomendaciones, pero la presentación no supone por sí sola el reconocimiento automático de la deuda ni una orden inmediata de pago.
Antecedentes de dificultades en el diálogo
El planteo se produce después de otros reclamos realizados por organizaciones policiales sobre sus condiciones laborales y los espacios de negociación.
En 2019, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recibió una denuncia de la Asociación de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de la Administración Central–Sindicato de Policías.
En aquella oportunidad, el sindicato señaló dificultades para mantener una negociación colectiva regular con el Ministerio del Interior y planteó la necesidad de crear un ámbito permanente o periódico de diálogo entre esa cartera, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las organizaciones policiales. La denuncia fue admitida por la institución y dio origen a recomendaciones dirigidas a las autoridades. (Resolución de la INDDHH)
La nueva presentación ante la OIT abrirá otra instancia en un conflicto de larga duración. El alcance económico definitivo, la cantidad exacta de funcionarios comprendidos y la eventual responsabilidad del Estado dependerán del análisis de la documentación y de las respuestas que presenten las autoridades uruguayas.
Hasta el momento, la cifra de US$ 90 millones y la existencia de salarios impagos constituyen afirmaciones y cálculos de los reclamantes, no una deuda firme establecida por una sentencia.
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