El Frente Amplio analiza ampliar a 14 semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo y más cambios
El Frente Amplio comenzó a estudiar una actualización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente en Uruguay desde 2012. Entre los principales cambios planteados figuran ampliar de 12 a 14 semanas el plazo general, eliminar el período obligatorio de reflexión y facilitar el acceso de las mujeres migrantes.
La iniciativa está siendo evaluada por un grupo de trabajo de la bancada bicameral de mujeres del oficialismo. Por el momento se encuentra en etapa de análisis y deberá transformarse en un proyecto de ley para iniciar formalmente su tratamiento parlamentario.
La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Margarita Libschitz, integrante del grupo, explicó que la revisión parte de la experiencia acumulada durante los trece años de aplicación de la normativa.
La legisladora señaló que una de las prioridades consiste en eliminar la exigencia de un año de residencia para las extranjeras. A su entender, este punto podría reunir mayores acuerdos con representantes de la oposición.
Ampliación del plazo general
La Ley N.º 18.987 establece actualmente que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada cuando se realice durante las primeras 12 semanas de gestación y se cumpla con el procedimiento previsto.
En los embarazos producto de una violación, el plazo se extiende hasta las 14 semanas. La normativa también contempla situaciones excepcionales, como un riesgo grave para la salud de la mujer o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. El texto y los alcances actuales pueden consultarse en la información oficial del MSP.
La propuesta que analiza el oficialismo pretende establecer las 14 semanas como límite general. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, sostuvo que la ampliación permitiría contemplar situaciones médicas que pueden conocerse después del estudio del primer trimestre.
Según explicó, algunos resultados vinculados con el desarrollo del embarazo recién están disponibles cuando el plazo actual se encuentra próximo a finalizar o ya fue superado.
Revisión de los cinco días de reflexión
El segundo cambio consiste en eliminar el período obligatorio de reflexión de al menos cinco días, que comienza después de la consulta con el equipo interdisciplinario.
Los promotores de la reforma consideran que la experiencia muestra que la mayoría de las mujeres llega a la consulta con una decisión tomada y que la espera puede convertirse en una dificultad adicional, especialmente cuando se encuentran cerca del límite legal.
De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud Pública, el procedimiento actual incluye una consulta con un equipo interdisciplinario y, una vez cumplido el período de reflexión, una nueva instancia con el profesional de ginecología para ratificar la decisión.
Briozzo también planteó revisar la obligatoriedad de que todas las usuarias sean atendidas por cada integrante del equipo multidisciplinario. No obstante, sostuvo que el asesoramiento debería permanecer disponible para quienes necesiten apoyo o todavía tengan dudas.
Acceso de las mujeres migrantes
El tercer punto en discusión apunta a modificar el artículo 13 de la ley, que exige a las extranjeras acreditar al menos un año de residencia habitual en Uruguay para acceder al procedimiento.
Las autoridades sanitarias entienden que esta condición genera una desigualdad para quienes llegan recientemente al país y pueden encontrarse en contextos de vulnerabilidad.
La legislación sobre violencia basada en género ya contempla una excepción: una mujer extranjera que haya atravesado una situación de violencia en territorio uruguayo puede acceder a los derechos reconocidos por la ley de IVE aunque no haya completado el año de residencia.
Libschitz considera que la eliminación general de este requisito podría ser el aspecto con mayores posibilidades de lograr apoyos fuera del Frente Amplio. Los otros cambios, en cambio, podrían generar una discusión política más amplia.
Más de 11.000 procedimientos durante 2025
Los últimos datos oficiales indican que durante 2025 se registraron 11.445 interrupciones voluntarias del embarazo en Uruguay, frente a las 11.232 contabilizadas el año anterior.
Desde 2013 y hasta el cierre de 2025 se informaron aproximadamente 129.000 procedimientos. El MSP publica estos datos a partir de los reportes mensuales enviados por los prestadores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los informes estadísticos están disponibles en el portal del Ministerio.
La cartera sostiene que el registro permite evaluar el acceso a la prestación, conocer su evolución e identificar posibles dificultades en la aplicación de la normativa.
Una discusión que necesitará acuerdos
La eventual reforma deberá atravesar el proceso parlamentario y no cuenta todavía con aprobación. Aunque el Frente Amplio posee mayoría en el Senado, necesita alcanzar acuerdos en la Cámara de Representantes.
Dentro del propio oficialismo tampoco existe una posición uniforme sobre el momento político para abrir el debate. Algunos dirigentes entienden que la normativa debe actualizarse, mientras otros advierten que se trata de un asunto sensible que puede generar una fuerte polarización.
Las posiciones de la oposición también son diversas. Dirigentes del Partido Nacional ya expresaron reparos ante una ampliación de la ley, aunque desde el oficialismo confían en encontrar coincidencias al menos en la eliminación de las restricciones que afectan a las mujeres migrantes.
La discusión recién comienza y tendrá como escenario central al Parlamento. Allí deberán comparecer autoridades, especialistas y organizaciones sociales antes de que los legisladores definan si corresponde modificar una ley que lleva más de una década de aplicación en Uruguay.
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