Nuevo proyecto de ley busca tipificar como delito el maltrato animal en Uruguay

En Montevideo, el martes 17 de noviembre de 2025, el diputado Walter Verri —junto con la abogada penalista Sara Durán— presentó un proyecto de ley que propone ampliar las sanciones penales por agentes de maltrato, crueldad o muerte de animales de compañía, mediante la modificación de dos artículos clave del Código Penal, informa El Telégrafo.

El proyecto de Walter Verri

Propone reformar el artículo 288 (Violencia privada) del Código Penal para que, cuando la violencia o amenaza contra una persona se ejerza mediante el maltrato, lesión grave o muerte de su animal de compañía, la pena aumente de un tercio a la mitad. Diario El Telégrafo
Introduce un agravante en el artículo 358 (Daños) para delitos perpetrados «mediante la lesión grave o muerte de un animal de compañía con el fin de perjudicar a su tenedor», estableciendo penas de 3 a 24 meses de prisión, con un aumento adicional en casos de especial gravedad o peligrosidad. Diario El Telégrafo
Redefine las competencias del INBA: permitirá que este organismo reciba y presente denuncias penales o administrativas por maltrato o abandono, incluso actuando de oficio, y coordinando con el ministerio del Interior y autoridades judiciales. Diario El Telégrafo+1

Contexto

Actualmente, la tenencia responsable y bienestar animal en Uruguay se encuentra regulada mayormente por la Ley Nº 18.471 de protección, bienestar y tenencia de animales, de 27 de marzo de 2009, la cual establece prohibiciones como «maltratar o lesionar a los animales» y prevé sanciones administrativas.
Sin embargo, se advierte que esa ley no tipifica delitos penales por crueldad hacia los animales, lo que limita las herramientas del sistema judicial para sancionar conductas graves.

Asimismo, según una diputada miembro de la Comisión de Tenencia Responsable, en el país hay más de dos millones de mascotas en hogares y unos 300 000 animales en situación de calle (censo 2023), lo que evidencia la magnitud del fenómeno y la presión social para actuar.

¿Por qué es relevante?

La iniciativa del diputado Verri responde a un reclamo creciente de organizaciones protectoras, sector social y colectivos animalistas que demandan más respuesta legal frente a casos de violencia contra animales que en muchos casos tienen un vínculo directo con violencia interpersonal. El proyecto busca cerrar una brecha donde la sanción sólo ha sido de carácter administrativo y avanzar hacia penas de prisión cuando el maltrato alcance niveles graves.

Además, al fortalecer el papel del INBA, se fortalece la estructura institucional para la prevención, denuncia y sanción del maltrato animal, agregando una dimensión de acción más proactiva del Estado.

Posibles implicancias

Si se aprueba, el nuevo marco podría crear un precedente legal que permita juzgar más efectivamente actos de crueldad y violencia contra animales de compañía.
Para los dueños de mascotas o tenedores, se incrementa la responsabilidad legal de cuidar los animales, pues su maltrato ya no sólo será sancionado administrativamente, sino también penalmente en ciertos casos.
Para los organismos de protección animal y justicia, el reto será contar con recursos, protocolos eficaces y articulación interinstitucional para que la norma tenga impacto real.
También puede tener un efecto disuasorio en casos de violencia doméstica o maltrato donde el animal es usado como medio de coacción, una figura contemplada en la agravante del artículo 288.

Futuro y procedimientos

El proyecto deberá ser analizado por la comisión parlamentaria correspondiente, donde ya se encuentran otros proyectos con objetivos similares: por ejemplo, se registran al menos tres iniciativas que buscan tipificar como delito el maltrato animal en Uruguay.
Posteriormente, si cuenta con respaldo legislativo y consenso amplio, puede derivar en su tratamiento en el pleno de la Cámara de Representantes y luego en el Senado.

El proyecto del diputado Walter Verri representa un paso significativo en la evolución del marco jurídico uruguayo hacia una protección más firme del bienestar animal. Al proponer penas concretas, agravantes específicos y reforzar el rol del INBA, busca dar respuesta a una demanda social clara y urgente. Su éxito dependerá tanto del respaldo parlamentario como de la capacidad del Estado para implementar los nuevos mecanismos de denuncia y sanción con eficacia.