Interior incorporará un sistema para evaluar el riesgo de nuevas agresiones contra mujeres

La herramienta analizará denuncias, entrevistas, antecedentes, testimonios e informes técnicos para estimar el nivel de amenaza en cada caso. La evaluación deberá ser validada por especialistas y permitirá ajustar las medidas de protección policial.

El Ministerio del Interior anunció que incorporará una herramienta tecnológica destinada a evaluar el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida después de denunciar una situación de violencia doméstica o de género.

El sistema combinará información procedente de organismos públicos y privados con el objetivo de identificar señales de riesgo y facilitar una intervención preventiva. No buscará determinar con certeza que ocurrirá una agresión, sino estimar su probabilidad mediante el análisis de diferentes indicadores.

“Estamos trabajando en un sistema de valoración de riesgo para violencia doméstica y de género contra parejas y exparejas”, explicó el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

Según indicó, la tecnología reunirá variables de distintas instituciones para intentar actuar antes de que se produzcan nuevos episodios de violencia.

¿Qué información tendrá en cuenta?

El mecanismo podrá considerar los datos aportados en la denuncia y durante la entrevista con la mujer, además de antecedentes, testimonios de familiares, vecinos o testigos e informes elaborados por servicios sociales y equipos técnicos.

También podrán incorporarse partes médicos, inspecciones policiales, medidas cautelares vigentes y otros elementos relacionados con la víctima y el presunto agresor.

A partir de esa información se establecerá un nivel de riesgo. La evaluación tecnológica no será automática ni definitiva: el resultado deberá ser revisado y validado por un especialista antes de determinar las medidas de protección.

La herramienta buscará diferenciar los casos según su nivel de amenaza, siguiendo categorías similares a las utilizadas internacionalmente:

• En situaciones de riesgo bajo se mantendría el seguimiento y el contacto con la mujer.
• Ante un riesgo medio se intensificarían la vigilancia y las medidas preventivas.
• En casos de riesgo alto podrían disponerse controles específicos sobre la víctima, su entorno y el agresor.
• Frente a una amenaza extrema o inminente podría establecerse protección policial permanente y un seguimiento intensivo del denunciado.

Las evaluaciones deberán actualizarse periódicamente, debido a que el nivel de peligro puede aumentar o disminuir cuando cambian las circunstancias del caso.

Un modelo inspirado en la experiencia española

La tecnología que estudia incorporar Uruguay presenta similitudes con VioGén, el sistema utilizado desde 2007 por el Ministerio del Interior de España para gestionar y seguir casos de violencia de género.

El modelo español permite integrar información de las fuerzas de seguridad, la Justicia, los centros penitenciarios y los servicios asistenciales. Con esos datos estima la posibilidad de una nueva agresión y vincula cada nivel de riesgo con medidas específicas de seguimiento y protección.

En 2026, España comenzó a revisar los indicadores empleados por VioGén para incorporar señales como la violencia digital, los intentos de estrangulamiento, las agresiones durante el embarazo y las amenazas contra hijos e hijas. El sistema acumula cerca de 900.000 casos registrados y más de ocho millones de valoraciones policiales desde su puesta en funcionamiento. Información sobre la actualización de VioGén.

Los indicadores funcionan como marcadores estadísticos y no como pruebas de que una agresión necesariamente sucederá. Por eso, la intervención humana, la actualización de los datos y la atención directa a la mujer continúan siendo fundamentales.

Uruguay ya cuenta con monitoreo electrónico

Actualmente, la Dirección de Monitoreo Electrónico del Ministerio del Interior es la encargada de cumplir las órdenes judiciales que disponen la utilización de dispositivos de rastreo en casos considerados de alto riesgo.

Desde el Centro de Comando Unificado se monitorean los casos correspondientes a Montevideo, Canelones y San José, departamentos que concentran más del 60% de las situaciones incluidas en el sistema nacional.

Cuando se genera una alerta, los funcionarios analizan factores como el lugar, la hora y la situación de las personas monitoreadas. También mantienen comunicación mediante dispositivos rastreadores y coordinan una respuesta policial si se detecta una aproximación indebida o una posible emergencia.

La nueva herramienta de evaluación no sustituiría las tobilleras ni las decisiones judiciales. Su función sería ayudar a determinar anticipadamente qué casos necesitan mayor seguimiento y qué nivel de protección podría resultar adecuado.

Élida 360 cuenta con 113 casos activos

Durante 2026 también comenzó a utilizarse Élida 360, una tecnología que permite a determinadas mujeres activar una alerta y comunicarse directamente con el servicio de emergencias 9-1-1.

Cuando se recibe el aviso, el operador puede acceder inmediatamente a la ubicación de la víctima, sus datos personales, la información y fotografía del agresor, los contactos de confianza y las medidas cautelares vigentes.

Élida 360 no se encuentra disponible para descargar libremente ni funciona como una línea general de atención. Está destinada a mujeres que ya forman parte del sistema institucional y cuentan con una medida judicial de protección. Desde su puesta en funcionamiento registra 113 casos activos en Montevideo.

Los desafíos del nuevo sistema

La incorporación de tecnología puede ayudar a organizar información que actualmente se encuentra distribuida entre diferentes organismos y facilitar una respuesta más rápida. Sin embargo, su aplicación también plantea desafíos importantes.

Será necesario conocer cómo se protegen los datos personales, qué instituciones podrán acceder a ellos, cuáles serán los indicadores utilizados y cómo se corregirán eventuales errores. También será relevante evaluar periódicamente si el sistema identifica correctamente los casos de mayor peligro.

Una valoración incorrecta podría subestimar una amenaza real o, en el sentido contrario, asignar un nivel elevado sin elementos suficientes. Por esa razón, la herramienta debe funcionar como apoyo para los equipos especializados y no como sustituto de su criterio profesional.

El uso responsable también requiere transparencia, auditorías, capacitación policial y mecanismos para revisar las decisiones. La experiencia internacional muestra que estos modelos necesitan ajustes constantes para incorporar nuevas formas de violencia y evitar sesgos derivados de información incompleta.

El anuncio del Ministerio del Interior representa un avance hacia una intervención más preventiva. Su efectividad dependerá, sin embargo, de la calidad de los datos, la participación de profesionales especializados y la rapidez con la que cada valoración se traduzca en protección concreta para las mujeres y sus familias.