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Orsi abrió la puerta a discutir los allanamientos nocturnos: “No me niego a analizar nada que pueda contribuir”
Yamandú Orsi se mostró dispuesto a analizar los allanamientos nocturnos.

Orsi abrió la puerta a discutir los allanamientos nocturnos: “No me niego a analizar nada que pueda contribuir”


El presidente Yamandú Orsi manifestó su disposición a analizar nuevamente la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos en Uruguay, una herramienta que continúa generando posiciones divididas y que fue rechazada por la ciudadanía en el plebiscito constitucional de 2024.


Consultado sobre la propuesta planteada por el dirigente nacionalista Álvaro Delgado, el mandatario sostuvo que no descarta participar en una discusión política más amplia si esta puede aportar soluciones frente a los problemas actuales de seguridad.


“Hay opiniones divididas, incluso se ha plebiscitado otras veces. Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir”, expresó Orsi. El presidente agregó que “los tiempos cambian” y que las modalidades delictivas también se han transformado, por lo que aseguró que mantiene abierta la puerta al diálogo. 


Sus declaraciones no implican, por el momento, que el gobierno respalde una nueva reforma constitucional ni que exista un proyecto acordado. Constituyen, en cambio, una señal de apertura para evaluar la iniciativa y discutir sus condiciones, garantías y eventual utilidad operativa.


Una discusión que regresó al escenario político

El debate tomó nuevo impulso durante los últimos meses a partir de planteos realizados desde el Partido Nacional. El sector Alianza País encomendó al senador Carlos Camy iniciar contactos con otras fuerzas políticas para estudiar la habilitación de los procedimientos nocturnos.


Camy planteó que, si se alcanza un entendimiento, una nueva consulta debería realizarse antes de las elecciones de 2029, de modo que una eventual aprobación pudiera comenzar a aplicarse sin esperar hasta el siguiente período de gobierno. 


Quienes defienden la herramienta señalan que permitiría actuar con mayor rapidez contra bocas de venta de drogas y otras actividades delictivas desarrolladas principalmente durante la noche. Sus críticos, en tanto, advierten sobre el riesgo de afectar la inviolabilidad del hogar y reclaman garantías estrictas, controles judiciales y protocolos claros.


¿Qué permite actualmente la Constitución?

El artículo 11 de la Constitución establece que el hogar es inviolable. Durante la noche solamente se puede ingresar con el consentimiento de la persona responsable de la vivienda, mientras que durante el día puede realizarse un allanamiento mediante una orden escrita emitida por un juez competente.


Por esa razón, permitir el ingreso nocturno sin consentimiento requiere modificar la Constitución y no puede resolverse únicamente mediante una ley ordinaria.


La reforma sometida a votación el 27 de octubre de 2024 proponía habilitar los allanamientos nocturnos con orden judicial y en los casos establecidos por la ley. La papeleta amarilla obtuvo alrededor del 39,4% de los votos emitidos, lejos de la mayoría absoluta necesaria para aprobar el cambio constitucional. 


El antecedente de la consulta popular

El resultado de 2024 ocupa un lugar central en la discusión actual. Para algunos dirigentes, aquella votación expresó una decisión ciudadana que debe respetarse. Otros consideran que la evolución del delito, la experiencia acumulada y la posibilidad de incorporar mayores garantías justifican volver a estudiar la iniciativa.


Durante aquella campaña, el Frente Amplio se manifestó contrario a la reforma propuesta, aunque reconoció la necesidad de discutir herramientas que mejoraran la persecución penal dentro de un marco de garantías.


La posición expresada ahora por Orsi introduce un tono de apertura, pero todavía quedan varias definiciones pendientes: qué delitos permitirían solicitar un allanamiento nocturno, qué controles judiciales se establecerían, cómo se protegería a las familias ajenas a una investigación y cuándo podría celebrarse una nueva consulta.


Por ahora, el tema regresa a la agenda como parte de la búsqueda de acuerdos políticos sobre seguridad pública. La discusión deberá equilibrar la necesidad de brindar herramientas eficaces a la Policía y la Fiscalía con la protección de los derechos y garantías constitucionales.


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