Gobierno negocia con Veridos para evitar un arbitraje internacional por US$ 10,7 millones

El gobierno procura alcanzar una salida negociada al conflicto con Veridos, la empresa mexicano-alemana encargada de instalar y mantener el nuevo sistema de control migratorio de Uruguay, que reclama una deuda de US$ 10,7 millones y advirtió sobre la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional.

Representantes del Poder Ejecutivo y de la compañía mantuvieron una primera reunión con la intención de acercar posiciones y evitar que la controversia termine convertida en una demanda contra el Estado. De acuerdo con la información divulgada por El País, ambas partes manifestaron voluntad de continuar conversando, aunque todavía persisten diferencias y aspectos jurídicos pendientes de resolución.

El próximo movimiento del gobierno será mantener un encuentro con las empresas navieras involucradas en el conflicto. Su participación resulta fundamental porque el mecanismo diseñado para financiar el sistema establecía que fueran ellas las encargadas de incluir un cargo adicional en los pasajes, recaudarlo y transferir posteriormente el dinero al proveedor.

Un reclamo que comenzó por un cargo nunca cobrado

El origen de la controversia se encuentra en la Licitación Pública Internacional Nº 19/2022, promovida por el Ministerio del Interior para modernizar los controles fronterizos y mejorar el registro de las personas que ingresan y salen del país.

Veridos fue adjudicataria del llamado en setiembre de 2023 y firmó en diciembre de ese año un contrato bajo la modalidad “llave en mano”. El proyecto contemplaba la instalación y el mantenimiento de una plataforma tecnológica en 17 pasos fronterizos, denominada Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (SIGMU).

Para financiar el servicio, el gobierno anterior aprobó el Decreto 51/024, que fijó un “precio por servicio de seguridad” de US$ 2,10 más IVA por cada pasajero que ingresara o saliera de Uruguay mediante transporte marítimo o fluvial internacional.

La norma dispuso que las empresas de transporte debían cobrar ese importe junto con el pasaje y verter mensualmente la recaudación al proveedor del sistema. También contempló que las agencias pudieran percibir hasta un 3% adicional, más IVA, para cubrir los costos administrativos derivados de la cobranza.

Sin embargo, el mecanismo no llegó a aplicarse con normalidad. Buquebus y Colonia Express impugnaron el decreto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y no incorporaron el cargo a sus pasajes.

Las navieras cuestionan tanto la legalidad del cobro como el funcionamiento del sistema instalado. Uno de los procesos presentados ante el TCA cuenta con un dictamen de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo favorable a anular el decreto, aunque la decisión definitiva corresponde al tribunal.

Veridos afirma que no recibió ningún pago

El sistema comenzó formalmente a operar el 13 de febrero de 2025, después de que el Ministerio del Interior y la empresa firmaran el informe final de instalación y puesta en funcionamiento.

Para Veridos, esa instancia activó el derecho a comenzar a percibir la remuneración prevista en el contrato. La compañía sostiene que desde entonces no recibió pagos y que la deuda acumulada alcanzó los US$ 10,7 millones, una cifra que —según su planteo— continúa aumentando.

El 11 de agosto de 2026, la firma presentó ante el Poder Ejecutivo una notificación de controversia y apertura del período de negociaciones. El reclamo fue formulado al amparo de los tratados de protección de inversiones que Uruguay mantiene con Alemania y México.

La empresa solicitó el pago inmediato de los montos que considera devengados y pidió garantías sobre el futuro financiamiento del sistema, ya sea mediante la aplicación del decreto vigente o a través de otro mecanismo.

Si no se alcanza un acuerdo amistoso durante el período previsto en esos tratados —señalado en el reclamo como un plazo máximo de seis meses—, Veridos podría avanzar hacia un arbitraje internacional. La presentación de la notificación, por sí sola, no significa que la demanda ya haya sido iniciada.

La mirada está puesta en el TCA

La negociación se desarrolla en medio de una situación jurídica compleja. Además de los recursos promovidos por las navieras contra el decreto que creó el cargo, el TCA analiza otra acción que cuestiona el proceso licitatorio mediante el cual Veridos obtuvo el contrato.

En octubre de 2025, la diaria informó que una empresa competidora solicitó la nulidad de la adjudicación y que el Tribunal de Cuentas había formulado observaciones durante el procedimiento. En ese expediente también se incorporaron informes técnicos sobre episodios de funcionamiento intermitente del sistema.

Este escenario explica la cautela del Poder Ejecutivo: cualquier resolución del TCA puede modificar las condiciones legales sobre las que se construya un eventual acuerdo.

Al mismo tiempo, el propio Decreto 51/024 estableció que el Ministerio del Interior puede suspender pagos cuando el proveedor registre incidentes graves de funcionamiento. La determinación de si existieron incumplimientos suficientes para activar esa disposición también integra la discusión entre las partes.

Un acuerdo que debe contemplar a todos

La reunión con las navieras será una etapa clave para conocer si existe margen para instrumentar el cobro original, modificarlo o encontrar una forma alternativa de financiar el servicio.

El desafío para el gobierno será conciliar tres posiciones: el reclamo contractual de Veridos, los cuestionamientos jurídicos y operativos de las empresas de transporte y la protección de los pasajeros, que serían quienes afrontarían el cargo si se aplicara el decreto tal como fue redactado.

Además del posible costo económico, la controversia involucra el funcionamiento de una herramienta sensible para la seguridad fronteriza y la documentación de los movimientos migratorios en todo el país. Aunque el cobro discutido se concentra en los viajes marítimos y fluviales, la solución tecnológica fue concebida para operar en 17 puntos de entrada y salida de Uruguay.

Por ahora, el escenario continúa abierto. La voluntad expresada por Presidencia y Veridos permite mantener la controversia dentro del terreno de la negociación, pero el resultado dependerá tanto de las próximas reuniones como de los fallos que adopte el TCA.