Condenas en Paysandú por robo de cables y tráfico de drogas refuerzan la acción policial y judicial
La Justicia Penal de Paysandú dictó recientemente dos sentencias que apuntan a frenar conductas delictivas que afectan tanto a entidades públicas como a la sociedad en general, informó diario El Telégrafo. A continuación, los detalles de ambos casos:
Conducción del robo y receptación de cables
En el primer caso, fueron condenados dos ciudadanos argentinos —identificados como A.A.O. y M.R.A.— tras comprobarse su participación en el robo de cables pertenecientes a ANTEL, lo que implicaba un serio perjuicio técnico y económico para la empresa.
La investigación inició en octubre a raíz de denuncias por hurtos reiterados de cables en la ciudad de Paysandú, que llevaron a la intervención del Área de Investigaciones de la Jefatura sanducera.
A través de un operativo especial, efectivos de la Jefatura de Policía de Paysandú detuvieron un camión en ruta 3 que transportaba bolsas con cables de cobre quemados. Se incautaron más de 850 kg de cobre, junto a herramientas, un camión alquilado, ropa de trabajo, guantes y conos de seguridad, en lo que se detectó como un modus operandi consistente: los cables eran robados, llevados a una finca alquilada para quemarlos y luego vendidos como chatarra en Salto.
Finalmente, los acusados fueron condenados por un delito continuado de receptación y se les impuso una pena de 12 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.
Este operativo refuerza el compromiso del Estado y de las fuerzas de seguridad en colaborar con empresas públicas para proteger la infraestructura crítica y desalentar el comercio ilícito de materiales valiosos.
Acto preparatorio de suministro de drogas
En el segundo caso, un hombre de 35 años fue condenado por realizar un acto preparatorio de suministro de sustancias estupefacientes en una zona rural del departamento.
El hecho se registró el 3 de octubre cuando efectivos de la Comisaría Octava de Paysandú realizaron una patrulla en un camino vecinal y observaron al individuo, quien al momento de ser identificado llevaba en su billetera un envoltorio con 16 gramos de clorhidrato de cocaína.
Tras remitirlo a la Brigada Departamental Antidrogas, se efectuó análisis que confirmó la sustancia y se derivó al proceso judicial. El acusado, identificado como G.F.G.A., fue condenado a 16 meses de prisión bajo libertad a prueba.
Este fallo envía una señal clara de que las operaciones de monitoreo y control en zonas rurales también son esenciales para combatir el narcotráfico en sus etapas iniciales.
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