Vecinos llevaron a la Junta sus objeciones al proyecto HIF y reclaman que Paysandú pueda decidir en las urnas

Integrantes del movimiento "Paysandú Soberano" entregaron este martes a la Junta Departamental un extenso documento en el que exponen sus objeciones ambientales, sociales y económicas al proyecto de combustibles sintéticos de HIF Global. Además, solicitaron a las bancadas departamentales que impulsen un decreto para abrir una nueva instancia institucional que permita validar las más de 17.000 firmas reunidas y consultar a la ciudadanía.

-> Documento completo presentado Paysandú Soberano

Integrante del colectivo, explicó a Paysandú Online que la propuesta requiere el respaldo de al menos 16 ediles.

“Básicamente solicitamos a las bancadas que, mediante un decreto que necesita 16 votos de ediles, se le solicite al intendente la validación de las 17 mil firmas y la posibilidad de un plebiscito ciudadano”, señaló.

El planteo vuelve a colocar en el centro del debate no solamente las características del emprendimiento industrial, sino también las competencias de los gobiernos departamentales y el alcance de los mecanismos de participación ciudadana.

El antecedente de las 17.200 firmas

La campaña de recolección culminó en junio con la entrega de aproximadamente 17.200 adhesiones —17.201 según algunos registros difundidos durante la presentación— ante la Junta Departamental.

La iniciativa pretendía que los habitantes del departamento se pronunciaran sobre la instalación de plantas destinadas a la producción de hidrógeno verde, metanol y combustibles sintéticos.

Sin embargo, la Corte Electoral, mediante la sentencia número 28.712 del 26 de junio de 2026, consideró improcedente la iniciativa por entender que estaba relacionada con la política energética, una materia de competencia nacional. Posteriormente, el 13 de agosto, la Junta Departamental aprobó por unanimidad la Resolución 292/2026, dio por concluido el trámite y archivó la carpeta correspondiente.

El colectivo presentó entonces un recurso de reposición. En ese documento sostiene que, aunque la política energética corresponda al Gobierno nacional, las intendencias y juntas departamentales tienen atribuciones sobre el ordenamiento territorial, la protección ambiental, la definición de los usos del suelo y la localización de actividades industriales.

El recurso reclama que las firmas sean verificadas y que la ciudadanía tenga la oportunidad de expresarse mediante una consulta popular.

Los principales cuestionamientos de los vecinos

El escrito entregado tiene 29 páginas y desarrolla argumentos jurídicos, ambientales, productivos, sociales y económicos.

Entre sus principales preocupaciones, los firmantes mencionan la utilización de agua del río Uruguay, la cercanía con zonas de valor ambiental, el transporte y almacenamiento de metanol, el aumento del tránsito pesado y los posibles efectos sobre la pesca, la producción apícola, el turismo y las comunidades próximas a la futura planta.

También advierten sobre eventuales accidentes industriales, incendios o derrames y reclaman mayor información acerca de las emisiones, los residuos del proceso productivo y las medidas de prevención previstas.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos del colectivo y deberán ser contrastadas durante el proceso de evaluación ambiental. La presentación del proyecto no equivale a una autorización definitiva ni permite afirmar, por sí sola, que los impactos señalados necesariamente ocurrirán.

Los promotores también invocan la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley Orgánica Municipal y el Acuerdo de Escazú. Sostienen que esas normas reconocen competencias departamentales y derechos ciudadanos vinculados con el acceso a la información y la participación en decisiones ambientales.

Como antecedentes, el documento cita decisiones adoptadas años atrás por las juntas departamentales de Tacuarembó, Lavalleja y San José respecto de actividades mineras y técnicas extractivas consideradas incompatibles con sus políticas territoriales.

Qué proyecta HIF para Paysandú

El emprendimiento de HIF Global no estaría dedicado únicamente a producir hidrógeno verde. De acuerdo con la información oficial, ese hidrógeno sería generado mediante electrólisis y combinado con dióxido de carbono para obtener e-metanol, e-gasolina y otros combustibles sintéticos.

El memorando firmado en diciembre de 2025 entre el Gobierno uruguayo y la empresa prevé una inversión aproximada de 5.385 millones de dólares. En su última fase, el complejo tendría capacidad para producir unas 880.000 toneladas anuales de e-combustibles.

Las proyecciones oficiales indican que la construcción demandaría alrededor de 1.400 trabajadores, mientras que la etapa operativa generaría unos 300 empleos permanentes. La producción tendría como principales destinos Europa y Asia.

El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Ambiente para obtener la Autorización Ambiental Previa y se encuentra dentro del correspondiente proceso técnico de evaluación. La documentación contempla, además de la planta industrial, parques solares y eólicos, captura de dióxido de carbono, ductos y diferentes alternativas logísticas para trasladar la producción.

Posiciones enfrentadas sobre una inversión de gran escala

Mientras el movimiento vecinal reclama detener el avance del proyecto y habilitar una consulta ciudadana, autoridades nacionales y departamentales destacan su potencial económico, laboral y tecnológico.

El Congreso Nacional de Ediles expresó recientemente su respaldo a la instalación de HIF en Paysandú y exhortó al Poder Ejecutivo a agilizar las gestiones, siempre dentro del marco legal y de las normas de protección ambiental. La declaración fue aprobada por nueve votos en 14.

El nuevo planteo presentado ante la Junta Departamental abre ahora otra instancia política. Las bancadas deberán evaluar si acompañan la elaboración de un decreto y qué recorrido jurídico puede tener una eventual consulta, considerando el pronunciamiento previo de la Corte Electoral.

Para los vecinos que impulsaron la recolección, el reclamo de fondo permanece sin cambios: que las 17.200 firmas sean verificadas y que los sanduceros puedan pronunciarse directamente sobre un proyecto que, por su dimensión, promete transformar la matriz productiva y territorial del departamento.