Gandini negó vínculos con el condenado y aseguró que solamente pagaba facturas en el local de su esposa
Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición y dirigente del Partido Nacional, brindó este martes una conferencia de prensa para responder a las versiones que vincularon un local de cobranzas perteneciente a su esposa con la investigación de la Operación Trazador.
El exsenador aseguró que ni él ni su esposa, Laura Scalabrino, conocen personalmente a Pablo Leiva, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Según explicó, Leiva concurría al establecimiento únicamente como cliente para pagar facturas correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras.
“Vengo a dar cuenta de una situación que se ha manejado con mucha irresponsabilidad, porque pone en juego el honor de mi familia, en particular de mi esposa, que nunca ha hecho política”, comenzó diciendo Gandini.
“No iba a cambiar dólares”
El dirigente relató que su familia conoció las versiones a través de la prensa y comenzó a revisar la actividad del local, cuya titularidad pertenece a su esposa desde hace aproximadamente 13 meses.
Se trata de un establecimiento dedicado principalmente al cobro y pago de facturas, aunque también funciona como casa de cambio.
Gandini sostuvo que, después de consultar a los empleados, pudieron determinar que Leiva era un vecino de la zona y cliente habitual del comercio.
“Concurre al local no a cambiar dólares, sino que no hace otra operación que no sea pagar”, afirmó. Según su versión, aproximadamente cada dos meses abonaba dos recibos del Banco de Previsión Social vinculados con dos empresas constructoras.
El dirigente remarcó que esas operaciones quedaron documentadas en el sistema del local y manifestó estar en condiciones de presentar todos los comprobantes necesarios. Sus declaraciones completas fueron recogidas por El País.
A disposición de la Fiscalía y la Jutep
Gandini negó que él o su esposa hayan recibido hasta ahora una citación de la Policía o la Fiscalía.
“No tenemos noticias de que estemos siendo investigados por la Justicia”, señaló. No obstante, anunció que ambos se encuentran a disposición de la Fiscalía para aportar la documentación que sea requerida.
También manifestó que presentará información ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, debido a su condición de funcionario y de persona políticamente expuesta.
El exsenador explicó que el local se encuentra sometido a controles relacionados con la prevención del lavado de activos. Además, afirmó que su condición de persona políticamente expuesta implica un nivel adicional de vigilancia sobre las operaciones vinculadas con su entorno.
“No tenemos nada que ocultar”, expresó.
Negó conocer personalmente a Leiva
Gandini aseguró que ni él ni su esposa conocen a Pablo Leiva. Indicó que la encargada del comercio y posiblemente otros funcionarios sí podían reconocerlo debido a su condición de cliente.
También rechazó que el condenado concurriera al establecimiento con la finalidad de lavar dinero. No obstante, aclaró que desconoce el origen de los fondos utilizados para pagar las facturas o si las empresas mencionadas tenían alguna relación con las maniobras investigadas.
“Quizá esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino cambiar dinero; yo no lo sé”, declaró.
Esta aclaración resulta relevante porque la procedencia del dinero y las operaciones vinculadas con las empresas constructoras deberán ser determinadas por los investigadores. La versión ofrecida por Gandini constituye su explicación pública, pero no sustituye las conclusiones que eventualmente adopten la Policía o la Fiscalía.
La condena que originó la controversia
Pablo Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos, en reiteración real con tráfico interno de municiones, dentro de la Operación Trazador.
En la vivienda vinculada al condenado fueron encontrados más de tres millones de pesos, unos 42.000 dólares, una máquina para contar billetes, una puerta blindada y más de 200 municiones.
Leiva mantenía además un vínculo laboral con el edil nacionalista Gonzalo Gómez, perteneciente al sector político liderado por Gandini. Tras conocerse la condena, Gómez anunció el cese inmediato de esa relación laboral.
La investigación permitió incautar aproximadamente 265 kilos de cocaína y pasta base, además de armas, vehículos y dinero. Las autoridades estimaron que el valor de los estupefacientes se acercaba a los dos millones de dólares.
Hasta el momento no se informó oficialmente que Gandini o su esposa hayan sido formalizados o citados por la Justicia. La investigación continúa y será la Fiscalía la encargada de establecer si las operaciones realizadas en el local tuvieron alguna relevancia penal o si se limitaron al pago regular de facturas, como sostuvo el dirigente.
Tags
Deja un comentario
Lo más visto de hoy
Últimas noticias
Comentarios
Aún no hay comentarios