Blancos y frenteamplistas buscan cambiar las penas por ingresar drogas a las cárceles
El Partido Nacional presentará un proyecto de ley para modificar las penas aplicadas a quienes intentan ingresar drogas a establecimientos penitenciarios, una problemática que también es abordada por una iniciativa del Frente Amplio.
Aunque las dos fuerzas políticas coinciden en que la normativa vigente produjo consecuencias desproporcionadas, mantienen diferencias importantes sobre el alcance que debería tener la reforma y el margen que se concedería a los jueces para aplicar penas alternativas a la prisión.
¿Qué cambió con la LUC?
El artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración modificó la legislación sobre estupefacientes y estableció penas de cuatro a 15 años de penitenciaría para determinadas conductas relacionadas con drogas.
Entre las circunstancias alcanzadas se encuentra la entrega, venta o suministro de sustancias en el interior o las inmediaciones de cárceles, centros educativos, establecimientos sanitarios y espacios culturales o deportivos.
Al fijarse una pena mínima de cuatro años, los jueces quedaron con un margen reducido para disponer medidas alternativas a la prisión, incluso cuando se trata de cantidades pequeñas, personas sin antecedentes o situaciones de especial vulnerabilidad.
La normativa no está dirigida exclusivamente a mujeres. Sin embargo, su aplicación tuvo un impacto particularmente fuerte sobre la población penitenciaria femenina, debido a que muchas de las personas detenidas cuando intentaban ingresar pequeñas cantidades de droga a las cárceles eran parejas, madres o familiares de hombres privados de libertad.
Las diferencias entre los proyectos
La propuesta del Frente Amplio elimina el mínimo obligatorio de cuatro años y establece estas circunstancias como agravantes dentro de la legislación sobre drogas. Esto permitiría que cada juez analizara la gravedad del hecho, la cantidad de sustancia, los antecedentes y la situación personal de quien cometió el delito.
En determinadas circunstancias, podrían disponerse medidas alternativas a la privación de libertad.
El Partido Nacional comparte la necesidad de realizar ajustes, pero considera que el proyecto frenteamplista ofrece una “amplitud” y una “flexibilidad” excesivas.
El diputado nacionalista Diego Echeverría señaló que existe un entendimiento entre los partidos acerca de las consecuencias desproporcionadas generadas por la legislación. El proyecto blanco buscará ampliar las facultades judiciales para considerar las circunstancias particulares de cada persona, pero sin eliminar la pena mínima prevista actualmente.
Desde el Frente Amplio entienden que, si se mantiene ese mínimo, la condena continuará implicando prisión efectiva y no se resolverá el principal problema identificado.
El intento y el delito consumado
Otro punto de discusión es la forma en que debe castigarse la tentativa. En numerosos casos, las personas son detenidas durante los controles, antes de que la droga llegue efectivamente al interior del establecimiento.
Una modificación aprobada en la Rendición de Cuentas de 2023 facultó a los jueces a aplicar el régimen general de la tentativa, que permite reducir la pena. Sin embargo, otra disposición de la Ley de Estupefacientes establece que el delito tentado debe castigarse de la misma manera que el consumado.
El diputado frenteamplista Alejandro Zavala, uno de los impulsores de la reforma, sostiene que esa coexistencia genera una contradicción normativa y distintas interpretaciones judiciales.
Un crecimiento marcado de la población femenina
Los datos presentados durante la discusión muestran un crecimiento sostenido de la cantidad de mujeres privadas de libertad.
En 2018 había 469 mujeres encarceladas en Uruguay. La cifra pasó a 908 en 2021, 1.022 en 2022, 1.094 en 2023 y 1.302 en 2024. Solo durante ese último año, la población penitenciaria femenina creció un 18%, mientras que el aumento general del sistema fue del 6%.
El informe del comisionado parlamentario correspondiente a 2024 indicó que el 79% de las mujeres alojadas en la Unidad Nº 9 estaba recluido por delitos relacionados con el microtráfico de drogas.
El documento agregó que más del 90% de las mujeres privadas de libertad son madres, tienen una edad promedio de 34 años y, en su mayoría, presentan bajos niveles de riesgo de reincidencia y de daño a otras personas.
Además, durante 2024 había 72 niñas y niños viviendo con sus madres dentro del sistema penitenciario, ocho más que el año anterior.
Un posible punto de acuerdo
La discusión se desarrolla en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, con la intención de llevar el asunto al plenario durante octubre.
El Frente Amplio y el Partido Nacional parten de un diagnóstico similar, pero todavía deberán acercar posiciones sobre el aspecto central: si corresponde eliminar la pena mínima o únicamente otorgar a los jueces nuevas herramientas para contemplar situaciones de vulnerabilidad.
El desafío será encontrar una solución que mantenga la sanción al ingreso de drogas a las cárceles, sin aplicar automáticamente penas extensas en casos de baja entidad ni profundizar las consecuencias familiares y sociales del encarcelamiento.
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