Uruguay defiende el programa de médicos cubanos ante el riesgo de perder cooperación de Estados Unidos

El programa de médicos cubanos que funciona desde hace casi dos décadas en Uruguay quedó en el centro de una controversia diplomática con Estados Unidos. Washington cuestiona las condiciones laborales de las denominadas “misiones médicas” y una disposición presupuestal podría impedir que el país reciba determinada cooperación estadounidense si vuelve a ser señalado en 2027, según informa La Red en su sitio web.

Sin embargo, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, afirmó que el gobierno nacional no recibió una comunicación oficial que plantee directamente la suspensión de la asistencia. El ministro defendió los resultados obtenidos por los especialistas cubanos, particularmente en el Hospital de Ojos José Martí.

La situación surgió después de que Uruguay fuera mencionado en un informe del Departamento de Estado estadounidense relacionado con posibles casos de trata de personas en las misiones médicas enviadas por Cuba.

Según informó Búsqueda, fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo explicaron que la legislación presupuestal norteamericana contempla restricciones para los países incluidos durante dos años consecutivos en este tipo de informes.

Por lo tanto, la pérdida de cooperación no sería inmediata ni estaría confirmada actualmente. Para que la medida se aplique, Uruguay tendría que volver a aparecer en el informe correspondiente a 2027.

El cuestionamiento de Estados Unidos

La posición estadounidense se concentra en la modalidad utilizada para pagar por los servicios de los profesionales. Según la explicación atribuida a la embajada, los pagos efectuados por Uruguay son transferidos a la representación diplomática cubana y no directamente a los médicos.

Washington sostiene que no dispone de pruebas suficientes para establecer cuánto reciben finalmente los profesionales por su trabajo. A partir de ese mecanismo, considera que podrían existir condiciones incompatibles con sus estándares laborales y sus políticas contra la trata de personas.

El tema también fue abordado en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recogió denuncias sobre las condiciones en las que trabajan integrantes de brigadas cubanas en distintos países. Entre los señalamientos generales aparecen la retención de parte de las remuneraciones, restricciones de movimiento y posibles sanciones para quienes abandonan los programas.

Estos cuestionamientos corresponden al funcionamiento internacional de las misiones cubanas y no implican, por sí mismos, que se hayan comprobado judicialmente esas mismas situaciones en Uruguay.

¿Qué asistencia podría perder Uruguay?

La norma estadounidense alcanzaría a la asistencia internacional canalizada por el Departamento de Estado. Esto podría comprender programas de capacitación, seguridad y cooperación en materia de defensa.

Algunas versiones periodísticas señalaron que la ayuda militar sería una de las áreas potencialmente afectadas. No obstante, hasta el momento no se informó oficialmente cuál sería el monto involucrado ni qué programas concretos quedarían suspendidos.

Tampoco se trata de toda la relación económica, comercial o diplomática entre ambos países. La eventual restricción estaría limitada a determinados mecanismos de asistencia administrados por el Departamento de Estado estadounidense.

Lubetkin negó haber recibido una advertencia oficial

Consultado sobre la controversia, Mario Lubetkin aseguró que Cancillería no recibió una comunicación oficial de Estados Unidos referida específicamente a una posible sanción. De todas maneras, reconoció que el asunto forma parte del diálogo bilateral.

El canciller defendió la permanencia de los profesionales y calificó como “extraordinaria” la experiencia desarrollada en Uruguay. Sostuvo además que el aporte de los especialistas debe valorarse por sus resultados sanitarios, más allá de las diferencias políticas existentes entre Estados Unidos y Cuba.

Lubetkin indicó que el gobierno pretende preservar las experiencias positivas dentro de un marco de acuerdos y conversaciones con todas las partes involucradas. Su posición introduce un matiz frente a los titulares sobre una “amenaza”: existe un riesgo legal planteado por la normativa estadounidense, pero Uruguay sostiene que no recibió hasta ahora un ultimátum formal.

Más de 18 años de atención oftalmológica

La cooperación sanitaria entre Uruguay y Cuba comenzó en 2007 y tuvo como uno de sus principales resultados la creación del Hospital Especializado de Ojos José Martí, ubicado en el predio del Hospital Saint Bois, en Montevideo.

El centro se convirtió en una referencia nacional para la atención oftalmológica de usuarios de ASSE, principalmente personas que necesitaban cirugías de cataratas y que, por diferentes motivos, no podían acceder rápidamente a esos tratamientos.

De acuerdo con cifras divulgadas sobre el programa, desde su puesta en funcionamiento se realizaron más de 120.000 intervenciones oftalmológicas. Además de las operaciones, los equipos llevan adelante jornadas de pesquisa en localidades del interior para detectar enfermedades y derivar a pacientes que necesitan tratamiento.

En 2021, ASSE inauguró un nuevo bloque quirúrgico con capacidad para sumar unas 400 operaciones mensuales, elevando el potencial del hospital a aproximadamente 1.100 intervenciones por mes.

La cooperación también incluye la participación de profesionales uruguayos, por lo que el funcionamiento del hospital no depende exclusivamente de la brigada extranjera.

Un debate que continuará abierto

El gobierno uruguayo deberá mantener el diálogo con Estados Unidos y, al mismo tiempo, revisar que las condiciones laborales de todos los profesionales que trabajan en el país cumplan con las garantías correspondientes.

La eventual inclusión de Uruguay en el informe estadounidense de 2027 será decisiva para determinar si la advertencia se transforma en una restricción efectiva. Hasta entonces, el programa oftalmológico continúa funcionando y el Poder Ejecutivo ha manifestado su voluntad de preservarlo.

El escenario combina dos asuntos sensibles: por un lado, la defensa de los derechos laborales de los médicos cubanos y, por otro, la continuidad de un servicio público que permitió recuperar o mejorar la visión de miles de personas en Uruguay.