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Investigada por hacerse pasar por psicóloga y prometer beneficios carcelarios a cambio de hasta US$ 5.000
Una mujer de 43 años es investigada en Maldonado por presuntamente hacerse pasar por psicóloga forense

Investigada por hacerse pasar por psicóloga y prometer beneficios carcelarios a cambio de hasta US$ 5.000


Una mujer de 43 años es investigada en Maldonado por presuntamente hacerse pasar por psicóloga forense y cobrar importantes sumas de dinero a familiares de personas privadas de libertad, bajo la promesa de gestionar salidas transitorias, prisión domiciliaria o la liberación anticipada de reclusos alojados en la cárcel de Las Rosas.


La indagada permanece internada en un centro asistencial y bajo custodia policial. La Fiscalía aguardará a que reciba el alta médica para solicitar su formalización ante la Justicia.


La investigación está a cargo de la fiscal de Maldonado de 3.º Turno, Ana Rosés. Hasta que se celebre la audiencia y exista una resolución judicial, la mujer debe ser considerada inocente y los hechos atribuidos permanecen en calidad de presunta maniobra delictiva.


Prometía informes y gestiones judiciales

Según la información reunida por medios de Maldonado, el ofrecimiento estaba dirigido principalmente a familias de reclusos primarios del Centro de Rehabilitación Las Rosas.


La maniobra habría comenzado con la intervención de un hombre que contactaba a los familiares y les aseguraba que existía la posibilidad de obtener beneficios para los internos. Posteriormente aparecía la mujer investigada, quien se presentaba como psicóloga forense y ofrecía elaborar supuestos informes psicoforenses.


Esos documentos, de acuerdo con lo que prometía, serían enviados al Instituto Nacional de Rehabilitación para agilizar solicitudes de libertad anticipada, salidas transitorias por razones médicas o prisión domiciliaria.


Fiscalía habría comprobado que la mujer no posee un título universitario que la habilite para ejercer como psicóloga. La eventual participación de otras personas también se encuentra bajo investigación.


Pagos de hasta US$ 5.000

Las sumas solicitadas a las familias habrían oscilado entre US$ 2.000 y US$ 5.000. Una de las denuncias fue presentada el 4 de agosto por una mujer que afirmó haber entregado un total de 200.000 pesos uruguayos, presuntamente destinados a trámites y honorarios relacionados con la situación de un familiar recluido.


La denunciante manifestó que realizó entregas de dinero en dos oportunidades en el domicilio de la investigada, ubicado en un edificio del barrio La Pastora. Los encuentros podrían haber quedado registrados por las cámaras de seguridad del lugar, material que sería analizado en el marco de la causa.


Existen diferencias en la cantidad divulgada por las fuentes: Subrayado informó sobre dos denuncias formalmente presentadas, mientras que Telemundo y FM Gente señalaron que serían cuatro las familias afectadas. No se descarta que aparezcan nuevas denuncias.


Allanamiento y elementos incautados

En el marco de las actuaciones, la Policía llevó adelante un allanamiento en un apartamento del edificio Azure, en la zona de playa Mansa, donde fue detenida la mujer.


Durante el procedimiento fueron incautados diplomas universitarios presuntamente falsos, tarjetas de identificación, un recetario médico, documentación, dispositivos electrónicos, un teléfono celular y dinero en moneda extranjera.


También se incautó una camioneta Hyundai que sería propiedad de la investigada. Todos estos elementos serán sometidos a análisis para establecer si guardan relación con las denuncias.


La mujer figuraba además en una plataforma de internet como profesional vinculada al área de la salud mental y tendría un comercio ubicado sobre la avenida Gorlero. Ambos aspectos forman parte de las averiguaciones.


Otra denuncia por una operación inmobiliaria

La investigación incluye una segunda modalidad presuntamente fraudulenta. El 8 de setiembre se presentó una denuncia relacionada con un contrato de arrendamiento con opción a compra de un apartamento ubicado en la calle Enrique Castells Capurro.


En ese caso, la persona denunciante estimó un perjuicio económico de US$ 3.000 y 9.400 pesos uruguayos. Fiscalía analiza si este episodio tiene relación con la misma mujer y si existen otras operaciones similares.


Fiscalía espera el alta médica

Tras su detención, la mujer sufrió una descompensación y fue trasladada a un sanatorio, donde permanece internada y con custodia policial. Una vez que reciba el alta, será conducida ante la Justicia para la audiencia correspondiente.


La Fiscalía analiza solicitar su formalización por presuntos delitos de estafa y usurpación de título. Algunas fuentes también mencionaron que se estudia una eventual asociación para delinquir, aunque la calificación definitiva será determinada por el Ministerio Público y resuelta por la Justicia.


El artículo 347 del Código Penal uruguayo establece que existe estafa cuando una persona utiliza engaños para inducir a otra a error y obtener un beneficio indebido en perjuicio de la víctima. 


Las autoridades procuran ahora identificar a todas las personas que pudieron haber entregado dinero y determinar el alcance de la presunta maniobra.


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