Da Silva llamó a no pagar multas de rutas hasta enero y cuestionó al MTOP por incumplir la ley
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva llamó públicamente a los conductores a no pagar, hasta el próximo 1.º de enero, las multas por exceso de velocidad aplicadas mediante radares en las rutas nacionales.
El legislador sostiene que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) continúa cobrando sanciones pese a que, según su interpretación, venció el plazo legal para colocar radares pedagógicos que adviertan a los conductores antes de llegar a los puntos de fiscalización.
“Bienvenida la rebelión del contribuyente”, expresó Da Silva durante una intervención que rápidamente generó repercusiones políticas y entre los automovilistas. El senador cuestionó directamente a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y afirmó que el Estado no debería cobrar las infracciones mientras no cumpla con las condiciones establecidas por la normativa.
El reclamo por los radares pedagógicos
El planteo está relacionado con una disposición que estableció un plazo para complementar los dispositivos de fiscalización con radares pedagógicos. Estos equipos informan la velocidad a la que circula cada vehículo, pero no aplican multas, y funcionan como advertencia previa.
Según Da Silva, ese plazo venció en julio de 2026 sin que el sistema se implementara en todos los puntos correspondientes. El senador aseguró que la ministra Etcheverry reconoció ante la Comisión de Presupuesto que las multas continúan siendo cobradas.
“Por mandato legal tienen que poner los radares pedagógicos y ahora quieren evadir esa ley sacando con un artículo esa obligación”, sostuvo el legislador, de acuerdo con la información difundida por San José Ahora.
Da Silva entiende que las sanciones aplicadas en estas condiciones podrían ser cuestionadas y recomendó esperar hasta comienzos del próximo año antes de abonarlas.
No pagar no deja automáticamente sin efecto la multa
Más allá del llamado político, las infracciones registradas por los radares no quedan anuladas automáticamente. Tampoco existe, hasta el momento, una resolución general que suspenda su cobro.
Los conductores que entiendan que una sanción fue aplicada de manera incorrecta pueden presentar formalmente un descargo ante el MTOP. El trámite oficial requiere indicar el número de la contravención, la matrícula, el padrón del vehículo y la información que permita fundamentar el reclamo.
Por este motivo, la decisión de no pagar puede generar consecuencias administrativas, actualizaciones o recargos mientras la infracción continúe vigente. La vía segura para cuestionarla es presentar el descargo correspondiente y esperar la resolución de la autoridad.
Seis de los radares con mayor recaudación están en San José
La discusión tiene especial impacto en San José, donde se encuentran seis de los diez puntos de fiscalización que más dinero recaudaron por multas en rutas nacionales.
Los dispositivos maragatos incluidos en el listado son:
- Ruta 1, kilómetro 51,27, en Paso Mauricio: $48.045.471.
- Ruta 11, kilómetro 38, en Juan Soler: $42.855.449.
- Ruta 1, kilómetro 29, en Penino: $39.627.351.
- Ruta 3, kilómetro 71, acceso a Villa María: $34.759.645.
- Ruta 1, kilómetro 51,57, en Paso Mauricio: $30.474.723.
- Ruta 1, kilómetro 29, en Penino: $24.444.755.
En conjunto, estos seis puntos acumularon más de $220 millones. Las cifras corresponden a multas cobradas durante 2025, aunque también incluyen infracciones aplicadas en años anteriores y abonadas dentro de ese período.
El radar que lideró la recaudación nacional fue el instalado en el kilómetro 264 de la Ruta 9, próximo a Castillos, con más de $61 millones. En segundo lugar quedó el ubicado en la Ruta 102, cerca del aeropuerto de Melilla, con más de $58 millones.
Más de $1.742 millones desde el comienzo de la fiscalización
Los radares fijos instalados en las rutas nacionales comenzaron a aplicar sanciones en noviembre de 2023, después de un período inicial de prueba y adaptación.
Hasta septiembre de 2025, el sistema había generado una recaudación aproximada de $1.742 millones, equivalente entonces a más de US$43 millones. Estas cifras alimentaron los cuestionamientos de dirigentes opositores que consideran que el mecanismo tiene un componente principalmente recaudatorio.
Desde el MTOP, en cambio, se ha defendido la fiscalización electrónica como una herramienta destinada a reducir la velocidad y prevenir siniestros. La ministra Etcheverry sostuvo anteriormente que en los lugares donde existen mecanismos de control se registra una disminución de los accidentes.
El Parlamento discute una rebaja
La controversia ocurre mientras el Parlamento analiza un proyecto de ley para reducir el valor de las multas por exceso de velocidad.
La iniciativa fue aprobada en mayo por la Cámara de Diputados con 91 votos en 92 y pasó al Senado. El proyecto propone una escala de sanciones de entre 2,5 y 15 unidades reajustables, dependiendo de la velocidad registrada, la magnitud del exceso y el momento en que se realice el pago.
La discusión enfrenta dos aspectos sensibles: la necesidad de controlar las velocidades para mejorar la seguridad vial y el reclamo de quienes consideran que algunas sanciones son desproporcionadas o que los radares no están suficientemente señalizados.
Mientras no exista una resolución administrativa o judicial que deje sin efecto las multas, estas continúan registradas en el sistema. Los conductores que discrepen con una sanción mantienen el derecho a presentar un reclamo por los canales oficiales.
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