Uruguay debate prohibir las redes sociales a menores de 15 años: qué plantea el proyecto presentado en Diputados

Una iniciativa presentada en la Cámara de Representantes propone impedir que los menores de 15 años puedan crear o mantener cuentas en redes sociales en Uruguay. El proyecto, impulsado por el diputado colorado Felipe Schipani, coloca la responsabilidad sobre las plataformas digitales y prevé fuertes sanciones económicas para las empresas que incumplan.

El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales podría experimentar un cambio importante en Uruguay si prospera un proyecto de ley presentado durante los primeros días de agosto en la Cámara de Representantes.

La iniciativa pertenece al diputado del Partido Colorado Felipe Schipani y propone establecer en Uruguay una edad mínima de 15 años para acceder a las redes sociales. Esto implicaría que quienes estén por debajo de esa edad no podrían crear nuevas cuentas ni mantener las que ya poseen.

La propuesta se suma a un debate que está creciendo a nivel internacional sobre los efectos que pueden tener las plataformas digitales en niños y adolescentes y hasta dónde deben llegar las responsabilidades de las familias, los Estados y las propias empresas tecnológicas.

¿Qué redes sociales alcanzaría?

El texto no se limita a mencionar plataformas específicas. En cambio, define como "servicio de red social" a las plataformas digitales que permiten crear perfiles, publicar contenidos, interactuar con otros usuarios y recibir recomendaciones mediante algoritmos.

De aprobarse en los términos planteados, quedarían exceptuados los servicios educativos y de salud, la mensajería privada, las bibliotecas digitales, los repositorios científicos y aquellas plataformas especialmente desarrolladas para niños que cuenten con mayores estándares de seguridad y no utilicen publicidad comportamental.

Uno de los puntos centrales es que la responsabilidad de controlar la edad no recaería sobre los niños ni sobre sus padres.

Serían las empresas proveedoras de las plataformas las que deberían instrumentar mecanismos efectivos para comprobar que sus usuarios cumplen con la edad requerida.

No alcanzaría simplemente con preguntar la edad

Actualmente muchas plataformas solicitan al usuario que indique su fecha de nacimiento al momento de registrarse. El proyecto considera que este mecanismo por sí solo no sería suficiente.

Las empresas deberían contar con procedimientos de verificación que sean "razonables, proporcionados, eficaces y auditables", destinados a impedir efectivamente el acceso de menores de 15 años.

Además, las compañías tendrían que publicar cada seis meses informes sobre el funcionamiento de esos controles, incluyendo información relacionada con cuentas suspendidas, errores en los sistemas de verificación y denuncias recibidas.

El mecanismo concreto para comprobar la edad será uno de los aspectos relevantes del eventual debate parlamentario, debido a que este tipo de sistemas también genera interrogantes sobre privacidad y tratamiento de datos personales.

Multas que podrían llegar a 20.000 Unidades Reajustables

La iniciativa establece que ni los menores ni sus padres o tutores serían sancionados si un adolescente logra acceder a una plataforma pese a la prohibición.

Las sanciones recaerían exclusivamente sobre las empresas.

En situaciones consideradas graves o ante incumplimientos reiterados, las multas podrían alcanzar las 20.000 Unidades Reajustables.

La propuesta busca de esta manera trasladar buena parte de la responsabilidad de hacer cumplir la restricción hacia las propias compañías tecnológicas.

Sin notificaciones durante la noche

El proyecto va incluso más allá de establecer una edad mínima.

Otro punto llamativo establece la suspensión de las notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 horas, exceptuando aquellos servicios vinculados con situaciones de emergencia.

También se plantea prohibir los denominados "patrones engañosos", es decir, diseños o mecanismos utilizados por una aplicación para inducir al usuario a modificar o desactivar determinadas protecciones.

Para los menores de 18 años, además, se propone prohibir la publicidad elaborada a partir del perfil comportamental del usuario, utilizar información sobre su estado emocional para recomendar anuncios y comercializar sus datos personales con fines comerciales.

¿Por qué se plantea limitar las redes a los 15 años?

En la exposición de motivos, Schipani hace referencia a investigaciones relacionadas con el desarrollo cerebral durante la adolescencia.

Uno de los argumentos sostiene que durante esa etapa existe una particular sensibilidad frente a los sistemas de recompensa y reconocimiento social, mientras los mecanismos vinculados al control de impulsos todavía se encuentran en proceso de maduración.

También aparece lo que el proyecto denomina un "problema de acción colectiva".

La idea es que algunos padres podrían preferir retrasar el ingreso de sus hijos a las redes sociales, pero terminan permitiéndolo ante el temor de que queden aislados de sus compañeros y grupos de amigos si la mayoría utiliza esas plataformas.

La propuesta intenta que esa decisión deje de depender exclusivamente de cada familia y exista una edad mínima común.

Francia y Australia, dos antecedentes que mira Uruguay

Uruguay no sería el primer país en avanzar por este camino.

Australia aprobó en 2024 una legislación que estableció una edad mínima de 16 años para determinadas redes sociales, cuya aplicación comenzó en diciembre de 2025. Según los antecedentes citados en el proyecto uruguayo, las primeras evaluaciones detectaron una reducción de cuentas pertenecientes a menores, aunque también encontraron mecanismos utilizados para evadir los controles.

Más recientemente, Francia aprobó el pasado 21 de julio una prohibición para menores de 15 años. La norma obtuvo un amplio respaldo parlamentario: 243 votos contra 2 en el Senado y 279 contra 81 en la Asamblea Nacional. Su aplicación está prevista desde el 1.º de septiembre de 2026.

La experiencia francesa también muestra uno de los principales desafíos de estas regulaciones: determinar cómo verificar la edad sin generar nuevos riesgos para la privacidad de los usuarios. La responsabilidad de implementar esos mecanismos quedó principalmente en manos de las plataformas.

Un debate que recién comienza en Uruguay

Por el momento se trata de un proyecto de ley, por lo que la prohibición no está vigente en Uruguay.

La iniciativa deberá atravesar el correspondiente proceso parlamentario y podría recibir modificaciones durante su tratamiento.

El asunto promete generar discusión. Mientras quienes respaldan este tipo de medidas consideran necesario establecer mayores barreras para proteger a niños y adolescentes frente a determinados contenidos, mecanismos de recomendación y diseños destinados a prolongar el tiempo de permanencia en las aplicaciones, también existen especialistas que advierten que una prohibición aislada puede resultar insuficiente.

Algunas de esas posiciones sostienen que la regulación debería acompañarse de educación digital, participación de las familias y mayores obligaciones para las empresas respecto al diseño de sus plataformas.

El proyecto presentado por Schipani coloca ahora ese debate sobre la mesa del Parlamento uruguayo: a qué edad deberían comenzar los adolescentes a utilizar libremente las redes sociales y quién debe asumir la responsabilidad de garantizar un entorno digital más seguro para los menores.