Orsi dijo que se retiró la denuncia contra HIF Global, pero la fiscal argentina aseguró que la causa continúa
El presidente presentó la noticia como un avance para el proyecto previsto en Paysandú. Sin embargo, la fiscal federal Josefina Minatta afirmó horas después que la denuncia penal no fue levantada. Además, legisladores entrerrianos señalaron que la demanda civil permanece vigente.
El futuro de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú volvió a generar versiones contrapuestas entre ambas orillas del río Uruguay. El presidente Yamandú Orsi anunció este viernes que se había retirado en Argentina la denuncia penal vinculada al proyecto, pero la fiscal federal que promovió la presentación aseguró posteriormente que la causa continúa abierta.
Durante una rueda de prensa realizada en Guichón, luego de participar en la inauguración de las obras de rehabilitación de la Ruta 4, Orsi sostuvo que el proyecto sigue adelante y destacó que en los últimos meses se lograron despejar algunas de las dificultades que rodeaban a la inversión.
“La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, afirmó el mandatario, quien calificó el supuesto retiro como una “buena noticia a nivel diplomático” y una señal de que Uruguay y Argentina estaban “ganando en confianza”.
Horas más tarde surgió una versión diferente desde la Justicia Federal argentina.
La fiscal argentina desmintió el retiro
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, aseguró que la denuncia penal que promovió por el eventual impacto ambiental del proyecto no fue retirada ni archivada.
“La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, expresó Minatta al medio entrerriano Análisis.
La fiscal agregó que la causa continuará en trámite hasta contar con mayores certezas sobre la iniciativa y su nueva localización. También indicó que, si el establecimiento industrial permanece vinculado al río Uruguay, deberán evaluarse los posibles efectos ambientales transfronterizos.
La presentación penal fue realizada ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y plantea interrogantes sobre un eventual daño ambiental y sobre el cumplimiento de los mecanismos de comunicación y consulta establecidos en el Estatuto del Río Uruguay.
También permanece activa una demanda civil
Además de la denuncia promovida por la fiscal, existe una acción civil preventiva impulsada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl.
Los dirigentes aclararon este sábado que esa demanda también permanece vigente y continúa avanzando. Entre las medidas solicitadas se encuentra una pericia ambiental y un pedido de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para determinar si el proyecto fue comunicado formalmente y si se presentó un estudio de impacto ambiental transfronterizo.
El 21 de agosto, el juez federal Hernán Viri realizó un reconocimiento judicial en la costa de Colón acompañado por una especialista ambiental y representantes que intervienen en el expediente.
La coexistencia de una denuncia penal y una acción civil podría explicar parte de la confusión surgida luego de las declaraciones del presidente uruguayo. Sin embargo, hasta el momento, tanto la fiscal como los legisladores argentinos sostienen públicamente que ambos trámites siguen abiertos.
La planta será relocalizada
El proyecto originalmente preveía instalar el complejo industrial en una zona cercana al río Uruguay y visible desde la ciudad argentina de Colón. Esa ubicación generó cuestionamientos de autoridades, organizaciones sociales y sectores vinculados al turismo en Entre Ríos.
Como respuesta a esos reclamos, los gobiernos y la empresa comenzaron a trabajar en una relocalización hacia un predio de Ancap. El nuevo emplazamiento alejaría parte de la infraestructura de la costa y reduciría su impacto visual desde la vecina ciudad argentina.
Orsi reconoció que el cambio obliga a realizar nuevos estudios.
“Había que relocalizar. La relocalización implica nuevos estudios de impacto, pero la idea no se detuvo”, señaló. También admitió que los plazos pueden modificarse según la evolución del mercado internacional del hidrógeno y los combustibles sintéticos.
Avances en las conversaciones con UTE
Otro de los asuntos pendientes es el precio de la energía que necesitaría el complejo para funcionar. Según Orsi, las posiciones entre HIF Global y UTE se acercaron, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.
El mandatario explicó que se pretende establecer un marco estable para determinar el costo de la electricidad destinada a proyectos industriales de esta magnitud. También ratificó el respaldo político del gobierno, pero remarcó que deberán alinearse las condiciones planteadas por UTE, el Poder Ejecutivo, la Intendencia de Paysandú y la compañía.
La inversión proyectada supera los 5.000 millones de dólares y es presentada como una de las mayores iniciativas privadas en la historia de Uruguay. El complejo utilizaría hidrógeno producido con fuentes renovables y dióxido de carbono de origen biogénico para fabricar combustibles sintéticos destinados principalmente a la exportación.
También contempla parques eólicos y solares, miles de puestos de trabajo durante la construcción y varios cientos de empleos permanentes cuando entre en funcionamiento.
Por el momento, el proyecto sigue en negociación y deberá transitar una nueva evaluación ambiental debido a su relocalización. Al mismo tiempo, las declaraciones realizadas desde la Justicia argentina muestran que el frente judicial todavía no puede considerarse cerrado.
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