Veinte familias de Paysandú esperan una solución: 40 viviendas deberán ser demolidas tras una inversión millonaria

Lo que comenzó como el sueño colectivo de acceder a una vivienda propia se transformó en una extensa y dolorosa espera para un grupo de familias de Paysandú. Las 40 casas de la Cooperativa de Viviendas Obreras de la Construcción (COVIOC), prácticamente terminadas desde 2019, nunca pudieron ser habitadas debido a graves problemas estructurales, según un informe especial de El País.

El complejo, ubicado en la zona de Vizconde de Mauá y Vásquez Varela, presenta profundas rajaduras, corrosión en sus estructuras metálicas y desprendimientos de materiales. Actualmente existe riesgo de derrumbe y los últimos estudios técnicos realizados por el Ministerio de Vivienda concluyeron que las construcciones no pueden recuperarse mediante refuerzos.

El director nacional de Vivienda, Milton Machado, señaló que, en las condiciones actuales, las casas deben ser demolidas. También se detectaron problemas en la compactación del terreno, lo que impediría volver a construir directamente sobre los cimientos existentes, según informó El País.

Una inversión cercana a los cuatro millones de dólares

COVIOC nació en 2011 y originalmente estaba integrada por unas 40 familias vinculadas mayoritariamente a trabajadores de la construcción. La obra comenzó años después y alcanzó entre un 93% y un 98% de ejecución, de acuerdo con diferentes informes divulgados sobre el caso.

El proyecto recibió una financiación estatal de aproximadamente 81.000 unidades reajustables. Tomando como referencia el valor de la UR de mayo de 2026, la inversión representa unos 155,6 millones de pesos, cifra equivalente a algo menos de cuatro millones de dólares.

El préstamo estaba previsto para ser devuelto por los cooperativistas durante 25 años. Sin embargo, las familias nunca comenzaron a pagarlo porque las viviendas no fueron entregadas ni ocupadas.

Cuando faltaba poco para finalizar los trabajos, comenzaron a observarse grietas en paredes internas y externas. En un primer momento, según relataron los integrantes de la cooperativa, les indicaron que se trataba de problemas superficiales que podían corregirse con pintura y otros materiales.

Con el avance de las rajaduras y la aparición de signos de corrosión, la asamblea de COVIOC decidió no ingresar a las casas. El tiempo terminó confirmando que aquella determinación evitó que las familias quedaran viviendo dentro de estructuras potencialmente peligrosas.

El origen de las fallas

Las viviendas fueron levantadas mediante Crupe System, un método constructivo no tradicional que utilizaba perfiles livianos de acero galvanizado, placas y un mortero proyectado como relleno de las paredes.

El sistema contaba en ese momento con un Documento de Aptitud Técnica otorgado por el Ministerio de Vivienda. No obstante, los estudios posteriores detectaron que el material utilizado contenía yeso, un componente incompatible con el acero galvanizado y capaz de favorecer su corrosión.

De acuerdo con la información difundida, en la construcción se habrían utilizado materiales diferentes de los documentados originalmente para el sistema. Determinar cómo se produjo esa sustitución y quién tenía la responsabilidad de controlar los productos empleados forma parte de la controversia judicial.

El informe del instituto técnico que intervino en el proyecto maneja la denominada “hipótesis del yeso” como una de las principales explicaciones del deterioro. En otras cooperativas construidas posteriormente con un mortero sin ese componente no se habrían registrado problemas semejantes.

El caso de Paysandú tiene un antecedente cercano en Fray Bentos. Allí, las viviendas de la cooperativa Covisin 6, edificadas con el mismo sistema, también presentaron oxidación y fallas estructurales. A diferencia de COVIOC, las familias de esa cooperativa sí ingresaron a las casas y posteriormente recurrieron a la Justicia.

La habilitación del sistema cuestionado no fue renovada y la empresa vinculada a su comercialización terminó disolviéndose en 2020.

Un proceso judicial sin resolución definitiva

La cooperativa inició acciones judiciales contra diferentes actores que participaron en el proyecto, entre ellos el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el instituto de asistencia técnica y la empresa vinculada al sistema constructivo.

La instancia de conciliación se realizó en marzo de 2021 y la demanda fue presentada meses después. Hasta el momento no existe una sentencia definitiva que establezca responsabilidades.

Durante el proceso, las partes han formulado señalamientos cruzados. El Ministerio ha puesto el foco en la actuación del instituto de asistencia técnica; desde ese instituto se ha destacado que el sistema constructivo estaba habilitado oficialmente, mientras que también se reclama por la supervisión brindada por la empresa proveedora.

Por esa razón, el término “estafa” es utilizado por algunos cooperativistas para describir cómo se sienten frente a lo sucedido, pero no corresponde todavía a una calificación judicial firme.

La situación llegó al Parlamento y a la Junta Departamental

El reclamo fue tratado en diferentes ámbitos institucionales. En 2024 se planteó ante la Junta Departamental de Paysandú la posibilidad de declarar las construcciones como fincas ruinosas debido a su deterioro y al riesgo que representaban.

En mayo de 2026, la Junta recibió a una delegación de COVIOC y aprobó por unanimidad una declaración para solicitar una respuesta al Ministerio de Vivienda. Los ediles entendieron que la existencia del proceso judicial no debía impedir la búsqueda de una solución habitacional.

El 3 de junio, integrantes de la cooperativa comparecieron ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes y entregaron documentación técnica sobre el estado del complejo.

Días después, el intendente Nicolás Olivera mantuvo una reunión con el director de la Agencia Nacional de Vivienda, Alfonso Lereté. La ANV se comprometió a elaborar un expediente con los antecedentes de la obra y material gráfico que permita establecer cómo se desarrolló el proceso constructivo y deslindar responsabilidades. La propia Intendencia de Paysandú definió la situación como dolorosa y confirmó que las familias no pudieron ocupar las viviendas por los defectos detectados.

Una espera que ya lleva siete años

De las aproximadamente 40 familias que comenzaron el proyecto, hoy permanecerían unas 20. Algunas abandonaron la cooperativa ante la extensión del conflicto y otras quedaron por el camino debido al fallecimiento de sus integrantes.

Quienes continúan deben afrontar alquileres, mudanzas y parte del mantenimiento del predio. La custodia del lugar, necesaria para impedir robos u ocupaciones, representa un gasto mensual cercano a los 65.000 pesos.

Durante estos años hubo niños que crecieron esperando una habitación propia, familias que debieron mudarse varias veces y cooperativistas que fallecieron sin llegar a conocer terminada la vivienda por la que trabajaron.

Actualmente, el Ministerio de Vivienda analiza una alternativa que permitiría ubicar a las familias en unidades disponibles dentro de otras cooperativas, sin necesidad de esperar hasta la finalización del juicio. Cualquier acuerdo deberá contar con la homologación de la Justicia.

Mientras los organismos procuran encontrar una salida, las casas continúan deteriorándose y las familias reclaman una definición. Más allá de quién resulte responsable, el principal objetivo es que quienes dedicaron años de esfuerzo al proyecto puedan finalmente acceder a una vivienda segura.