Un policía de la Guardia Republicana y su hermano fueron imputados por presuntos abusos sexuales contra dos menores
La Justicia de Rivera formalizó la investigación contra un policía de la Guardia Republicana y su hermano por su presunta participación en reiterados delitos de abuso sexual contra dos menores de edad.
Los imputados, de 30 y 38 años, deberán cumplir 90 días de prisión preventiva mientras la Fiscalía especializada avanza con las actuaciones. La causa está a cargo de la fiscal Katia Avilés, según informó Subrayado.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada en julio de 2026. El efectivo policial, que presta funciones en la Guardia Republicana, fue detenido el miércoles y compareció posteriormente ante Fiscalía y la sede judicial.
Los delitos atribuidos por la Fiscalía
El hombre de 38 años fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. Uno de ellos fue relacionado, en concurso formal, con un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad o personas incapaces para que realizaran actos de carácter sexual o erótico.
La formalización también comprende un delito de violencia doméstica especialmente agravada, vinculado con un delito de lesiones personales. Las conductas fueron consideradas en régimen de reiteración real.
Su hermano, de 30 años, fue formalizado como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados.
Debido a que el proceso se encuentra en etapa de investigación, los hombres mantienen su condición de imputados y no existe hasta el momento una sentencia definitiva. El Código del Proceso Penal uruguayo establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que recaiga una condena ejecutoriada y que la prisión preventiva no puede adquirir las características de una pena anticipada.
Suspensión de la patria potestad y otras restricciones
Además de la prisión preventiva, la Justicia resolvió suspenderles el ejercicio de la patria potestad.
También quedaron inhabilitados para desempeñar funciones públicas o privadas en áreas educativas y de la salud, así como en cualquier actividad que implique contacto directo con niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de dependencia.
Estas disposiciones buscan preservar a las personas potencialmente vulnerables mientras continúa la investigación judicial.
Al finalizar el plazo inicial de 90 días, la sede deberá evaluar la situación procesal. La causa podrá continuar hacia un juicio oral, resolverse mediante un proceso abreviado si se cumplen las condiciones legales o dar lugar a una revisión de las medidas cautelares.
Protección de la identidad de las víctimas
Por tratarse de dos personas menores de edad, sus identidades y cualquier información que permita reconocerlas deben mantenerse bajo estricta reserva.
La Fiscalía uruguaya considera a las víctimas de delitos sexuales como personas especialmente vulnerables y establece mecanismos de acompañamiento orientados a reducir la exposición y evitar nuevas situaciones de sufrimiento durante el proceso. Además, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, con acceso a información, protección y asistencia durante la investigación. La información correspondiente puede consultarse en el portal de la Fiscalía General de la Nación.
Ante una situación de maltrato, abuso sexual o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, se puede recurrir a Línea Azul del INAU, a través del teléfono gratuito 0800 5050. El servicio recibe denuncias de las propias víctimas, familiares, vecinos, instituciones educativas, personal de la salud y cualquier integrante de la comunidad. En una emergencia inmediata se debe llamar al 911. Más información está disponible en el sitio oficial del INAU.
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