Un encargado de 59 años fue imputado en Punta del Este por alquilar sin autorización un apartamento y cobrar dos años de renta por adelantado.
Un hombre de 59 años, encargado de un edificio de Punta del Este, fue imputado por la Justicia luego de que presuntamente alquilara un apartamento sin conocimiento ni autorización de su propietario.
El caso presenta además una situación particular: quien ocupaba la vivienda aseguró que había actuado de buena fe, tras firmar un contrato con el encargado y pagar por adelantado el monto correspondiente a dos años de alquiler.
La maniobra fue descubierta en junio, cuando el verdadero propietario regresó a Uruguay después de permanecer durante un extenso período en el exterior y encontró su apartamento ocupado por personas que no conocía.
El inmueble está ubicado en un edificio de la calle Julio Herrera Reissig, en Punta del Este.
El inquilino había firmado un contrato
Luego del regreso del propietario, las autoridades citaron al ocupante de la vivienda para conocer en qué circunstancias había accedido al apartamento.
El inquilino explicó que había celebrado un contrato directamente con el encargado del edificio y que ya había entregado la totalidad del dinero acordado para los dos años de arrendamiento. De acuerdo con su declaración, desconocía que el trabajador no tenía autorización para disponer del inmueble.
El propietario, por su parte, manifestó que nunca había permitido que el apartamento fuera alquilado y que tampoco estaba al tanto de las gestiones realizadas mientras permanecía fuera del país.
La investigación quedó en manos de la Policía y de la Fiscalía Letrada de Maldonado de 5.º Turno. Las actuaciones permitieron establecer, de manera preliminar, que el encargado habría ofrecido y arrendado la propiedad sin contar con el consentimiento de su dueño, según informaron Subrayado y Montevideo Portal.
Imputado por estafa y usurpación
Tras la audiencia celebrada el viernes 18 de septiembre, la Justicia imputó al hombre como presunto autor de un delito de estafa en concurso con un delito de usurpación, este último en calidad de coautor.
Como medidas cautelares, se dispuso que deberá fijar domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial durante un plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.
La imputación representa el inicio formal del proceso penal y no equivale a una condena. Durante esta etapa, la Fiscalía deberá continuar reuniendo elementos para determinar cómo se concretó el alquiler, qué ocurrió con el dinero abonado y si participaron otras personas.
El caso también deja al inquilino en una situación compleja, ya que habría pagado una importante suma creyendo que el contrato era legítimo. Las consecuencias económicas y habitacionales para las partes deberán resolverse a medida que avance el expediente.
Una advertencia al momento de alquilar
Aunque el episodio permanece bajo investigación, vuelve a poner el foco sobre la importancia de verificar quién es el propietario de una vivienda o si la persona que la ofrece cuenta con una autorización válida.
Antes de entregar dinero —especialmente cuando se solicitan varios meses o años por adelantado— resulta conveniente comprobar la titularidad del inmueble, solicitar documentación que acredite la representación del arrendador y conservar el contrato y los comprobantes de pago.
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