Trabajadores de refugios de Paysandú reclaman transparencia sobre sus empleos después del 30 de noviembre
Funcionarios del Refugio Santa Elena y del Refugio de Mujeres expresaron preocupación por los atrasos salariales y el próximo cambio de entidad gestora. Aunque los pagos actualmente están al día y existiría intención de mantener al personal, todavía no fue informado oficialmente quién administrará los dispositivos.
Trabajadoras y trabajadores del Refugio Santa Elena y del Refugio de Mujeres de Paysandú hicieron público su reclamo por la falta de información sobre la continuidad de sus puestos laborales después del próximo 30 de noviembre.
El planteo fue realizado por el núcleo de base perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), integrado a Fuecys y al PIT-CNT. En un comunicado, los funcionarios también manifestaron preocupación por los atrasos registrados en el pago de los salarios y por el proceso de traslado de los dispositivos.
Los centros son gestionados actualmente por la Universidad Claeh, institución que, según la información proporcionada por los trabajadores, comunicó que no continuará a cargo del servicio.
Más de 30 familias esperan una definición
De acuerdo con lo informado por la diaria, la situación podría afectar a más de 30 familias si no se confirma la continuidad laboral luego del 30 de noviembre.
Los trabajadores señalaron que, mientras esperan una definición, continúan cumpliendo diariamente con la atención de las personas participantes y sosteniendo el funcionamiento de ambos dispositivos.
La información manejada hasta el momento indica que una nueva entidad asumiría la gestión y que existiría intención de conservar al actual equipo de trabajo. Sin embargo, todavía no se comunicó oficialmente cuál será la organización responsable ni en qué condiciones se realizará la transición.
La falta de datos concretos mantiene la incertidumbre entre los funcionarios, quienes reclaman conocer con anticipación qué ocurrirá con sus puestos, las condiciones de contratación y la continuidad de los procesos de acompañamiento desarrollados con las personas atendidas.
Los salarios están al día, pero hubo demoras
Uno de los puntos incluidos en el reclamo está relacionado con el pago de los salarios. Los funcionarios denunciaron atrasos que afectaron la economía de los trabajadores y sus familias.
No obstante, la información recabada por el medio citado señala que actualmente los pagos se encuentran al día y que las demoras registradas llegaron a un máximo de entre 11 y 12 días.
Aunque la situación salarial inmediata habría sido regularizada, el sindicato considera necesario contar con garantías que eviten nuevos incumplimientos, especialmente durante el cambio de gestión.
En su comunicado, los trabajadores vincularon estas demoras con la autonomía económica de las funcionarias y cuestionaron la participación del Instituto Nacional de las Mujeres y del Ministerio de Desarrollo Social en una situación que, a su entender, perjudica a quienes sostienen diariamente los servicios.
Preocupación por la continuidad de la atención
El reclamo no se limita a la estabilidad laboral. Los funcionarios advierten que una transición sin planificación ni información suficiente también podría afectar la continuidad de una política pública de protección social.
El trabajo realizado en estos espacios incluye acompañamiento cotidiano, construcción de vínculos de confianza y apoyo para el acceso y ejercicio de derechos. Por esa razón, los trabajadores consideran importante que cualquier cambio de entidad gestora preserve tanto al personal como los procesos iniciados con las personas participantes.
La permanencia de los equipos permitiría evitar interrupciones y conservar la experiencia acumulada por quienes conocen las necesidades y circunstancias particulares de las personas atendidas.
Traslado de los dispositivos y rechazo vecinal
Otro de los aspectos planteados está relacionado con el traslado de los refugios hacia una zona céntrica de Paysandú. Según los trabajadores, la decisión provocó preocupación y movilización entre algunos vecinos.
Ante esa situación, el sindicato rechazó las expresiones que puedan estar basadas en la estigmatización, los prejuicios o la aporofobia —el rechazo hacia las personas en situación de pobreza—.
Los funcionarios reconocen que las inquietudes de la comunidad deben ser escuchadas, pero sostienen que estas deben canalizarse mediante espacios de diálogo, con información adecuada y sin discursos que profundicen la discriminación.
Finalmente, el núcleo sindical solicitó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social información “clara, transparente y seria” sobre la nueva gestión, el traslado de los dispositivos y la continuidad laboral después del 30 de noviembre.
Mientras las definiciones no llegan, más de 30 familias permanecen a la espera y los equipos continúan desarrollando una tarea sensible, indispensable tanto para las personas atendidas como para el sistema de protección social de Paysandú.
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