Seis meses sin pagar, bienes vendidos en un remate y una partida sin aviso: el conflicto por una vivienda en Paysandú

Un conflicto por el alquiler de una vivienda en Paysandú terminó con una familia abandonando el inmueble sin previo aviso, seis meses de alquiler reclamados como impagos y una controversia por varios bienes que se encontraban dentro de la propiedad y que habrían terminado vendidos en un remate.

El caso, que comenzó como una diferencia entre particulares, escaló durante los últimos meses hasta generar una denuncia policial y actuaciones que quedaron en conocimiento de Fiscalía.

La situación se desarrolló en una vivienda ubicada en la zona de Zelmar Michelini y Artigas, que desde octubre de 2025 era alquilada por una familia oriunda de Young.

Según la información a la que accedió Paysandú Online, al momento de concretarse el alquiler la propietaria había flexibilizado algunas condiciones teniendo en cuenta la situación económica y familiar de los nuevos moradores.

Inicialmente, la relación habría transcurrido con normalidad. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a acumularse atrasos en el alquiler y surgió un segundo problema: el faltante de diferentes bienes que permanecían dentro de la vivienda.

Un horno industrial que ya no estaba en la propiedad

Uno de los principales puntos de conflicto apareció en mayo, cuando la propietaria constató que ya no se encontraba en el inmueble un horno industrial que había permanecido allí desde antes de que la nueva familia comenzara a alquilar.

El horno había pertenecido a anteriores moradores, quienes lo habían dejado como parte de pago de obligaciones que mantenían con la familia propietaria.

De acuerdo con la información proporcionada, se trataba de un equipo en funcionamiento, apto para trabajos vinculados a la elaboración de pizzas y cuyo valor fue estimado en aproximadamente 50.000 pesos.

Cuando la propietaria consultó por el destino del horno, los inquilinos habrían reconocido que el equipo había sido vendido en un remate.

La situación no habría involucrado únicamente al horno. Según sostiene la propietaria, también constató el faltante de diferentes artículos de cocina y baño, además de una garrafa y su correspondiente válvula, que se encontraban dentro del inmueble.

Tras conversaciones y diferencias entre ambas partes, se habría alcanzado un acuerdo informal para que el valor del horno fuera compensado mediante pagos mensuales, aunque ninguna de las cuotas acordadas llegó finalmente a abonarse.

Una elevada cuenta de OSE sumó un nuevo conflicto

Durante julio apareció otro motivo de diferencias entre propietarios e inquilinos.

La familia comunicó que existía una importante deuda con OSE debido a un consumo de agua que consideraba excesivo y planteó que podía existir algún desperfecto en las instalaciones internas de la propiedad.

Ante esta situación, la propietaria dispuso inspecciones y trabajos con el objetivo de localizar las pérdidas y solucionar los inconvenientes existentes en las cañerías.

Durante esas revisiones se detectaron problemas en las instalaciones internas.

La propietaria manifestó posteriormente dudas respecto al origen de algunos de esos daños, considerando el conflicto que se arrastraba.

Mientras se intentaba resolver el problema relacionado con el consumo de agua, continuaban acumulándose las mensualidades correspondientes al alquiler, que dilataba el pago argumentando fallas en los cajeros automaticos y en su acceso a cuenta bancaria.

Los alquileres reclamados como impagos se acumulaban desde marzo

Según sostiene la propietaria, los atrasos en el pago habían comenzado en marzo y continuaron durante los meses siguientes.

Con el paso del tiempo la deuda aumentó y los moradores habrían comunicado que, ante el importante monto que debían afrontar por el consumo de agua, no continuarían abonando el alquiler.

Frente a esta situación, se resolvió intimar el pago de las mensualidades pendientes.

La medida, lejos de solucionar las diferencias, terminó profundizando el enfrentamiento entre las partes.

De acuerdo con la información a la que accedió Paysandú Online, los inquilinos rechazaron el reclamo y posteriormente realizaron una denuncia ante una seccional policial en la que habrían planteado presuntas situaciones de hostigamiento y estafa.

A raíz de esa denuncia, la propietaria fue convocada y prestó declaración en Seccional Segunda.

Las actuaciones quedaron posteriormente en conocimiento de Fiscalía.

Hasta el momento, no existe información que permita establecer judicialmente responsabilidades sobre las acusaciones formuladas por las partes.

Cinco días después abandonaron la vivienda sin previo aviso

El conflicto tuvo un giro inesperado apenas cinco días después de aquella denuncia.

Según la información proporcionada, la familia abandonó la vivienda sin previo aviso, sin comunicar a la propietaria que dejaría el inmueble ni coordinar previamente su entrega.

La decisión tomó por sorpresa a la dueña, que no había recibido comunicación sobre una eventual mudanza o finalización inmediata del alquiler.

Posteriormente intentó establecer contacto con quienes habían sido sus inquilinos, pero comprobó que las vías de comunicación utilizadas habitualmente habían sido bloqueadas.

Desde entonces, la propietaria asegura que tiene contacto limitado con la familia y que actualmente no dispone de información sobre dónde se encuentran.

De esta forma, una relación de alquiler iniciada en octubre de 2025 terminó abruptamente, sin una instancia previa de entrega de la vivienda entre las partes y con diferentes asuntos económicos todavía pendientes.

Seis meses de alquiler y otros reclamos

Según los cálculos de la propietaria, tras la salida de los moradores quedaron aproximadamente seis meses de alquiler sin abonar.

A las mensualidades reclamadas se suma el horno industrial, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 50.000 pesos, y los restantes artículos que asegura que estaban dentro de la propiedad y posteriormente ya no fueron encontrados.

Tampoco se habrían concretado los pagos que habían sido acordados para compensar económicamente el horno.

La propietaria analiza ahora las vías correspondientes para reclamar las obligaciones que entiende que quedaron pendientes, mientras las actuaciones derivadas de la denuncia anterior permanecen en el ámbito de las autoridades competentes.

La vivienda debió ser reacondicionada

Una vez recuperada la propiedad, comenzaron trabajos de limpieza y reacondicionamiento con el objetivo de poder ofrecerla nuevamente en alquiler.

Según pudo constatarse tras la salida de los moradores, diferentes sectores presentaban manchas, olores persistentes y deterioros, particularmente en lugares donde habían permanecido los variados animales que tiene la familia.

La situación obligó a realizar diferentes tareas antes de que la vivienda pudiera ser nuevamente ofrecida a potenciales interesados.

Una vez finalizados esos trabajos, la propietaria volvió a publicar el inmueble en redes sociales, como había realizado anteriormente para encontrar nuevos arrendatarios.

Fue entonces cuando apareció un nuevo episodio relacionado con el conflicto.

Comentarios desde perfiles anónimos tras volver a publicar la casa

Luego de que la propiedad fuera nuevamente ofrecida en alquiler en Facebook, comenzaron a aparecer comentarios realizados desde perfiles anónimos cuestionando a la propietaria y haciendo referencia a supuestos malos tratos e incumplimientos relacionados con el arrendamiento.

Algunos de esos mensajes llamaron particularmente la atención por el nivel de conocimiento que aparentaban tener sobre aspectos de un conflicto que hasta entonces había permanecido principalmente en el ámbito privado y policial.

No existen elementos que permitan determinar quién está detrás de esos perfiles ni establecer una vinculación entre quienes realizaron los comentarios y los anteriores moradores.

Sin embargo, las publicaciones fueron documentadas mediante capturas y serán preservadas ante la posibilidad de que resulte necesario incorporarlas a futuras actuaciones.

Qué ocurre ante una deuda de alquiler

La legislación uruguaya establece distintos procedimientos frente al incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento.

El mecanismo aplicable depende, entre otros elementos, del régimen utilizado, de las condiciones establecidas en el contrato y de la existencia o no de garantías.

Ante determinadas situaciones de falta de pago, el propietario puede intimar al arrendatario y posteriormente recurrir a la Justicia para reclamar las sumas adeudadas o iniciar el procedimiento correspondiente.

La Ley 19.889, por ejemplo, estableció un régimen específico de arrendamientos sin garantía que contempla mecanismos de intimación y procedimientos ante incumplimientos en el pago.

En cualquier caso, será la documentación existente —contratos, recibos, comunicaciones, inventarios, fotografías y demás elementos que puedan aportar las partes— la que eventualmente permita determinar responsabilidades y obligaciones.

Un conflicto privado que terminó fuera de la vivienda

Lo ocurrido también pone sobre la mesa una situación que puede atravesar tanto a propietarios como a inquilinos: la importancia de documentar adecuadamente las condiciones de un arrendamiento desde el comienzo.

Inventarios de los bienes existentes, fotografías del estado inicial y final de la vivienda, comprobantes de los pagos realizados y comunicaciones por medios que permitan conservar constancia pueden resultar fundamentales cuando posteriormente aparecen diferencias.

En este caso existen además acusaciones provenientes de ambas partes.

Por un lado, la propietaria reclama aproximadamente seis meses de alquiler y el valor de diferentes bienes que asegura que estaban dentro del inmueble y fueron retirados.

Por otro, los anteriores moradores realizaron una denuncia policial planteando presuntas situaciones de hostigamiento y estafa.

Lo que posteriormente ocurrió fue que, apenas cinco días después de aquella denuncia, la familia dejó la propiedad sin previo aviso y se interrumpieron las comunicaciones con la propietaria.

Será eventualmente la actuación de Fiscalía y de la Justicia la que permita establecer si existieron responsabilidades jurídicas en alguno de los hechos denunciados.