Uruguay niega extradición a Bolivia de ex cura acusado de abuso sexual tras 17 años escondido en Salto
Montevideo – La Justicia uruguaya decidió no extraditar a Bolivia al ex sacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna, (más conocido como "el padre Juanjo"), quien estaba acusado de abusar sexualmente de al menos 30 niños mientras dirigía un internado en ese país sudamericano y había vivido escondido durante 17 años en la ciudad de Salto.
La determinación fue adoptada este miércoles por el juez Matías Porciúncula, durante una audiencia en la que analizó el pedido formal enviado por la Justicia boliviana. El magistrado consideró que los delitos que se le imputan a Sant’Anna —tipificados en Bolivia como abuso deshonesto agravado— ya habían prescrito bajo la normativa uruguaya, por lo que no podía concederse la extradición.
Según el razonamiento judicial, los hechos denunciados ocurrieron en 2007 en la comunidad religiosa de Tapacarí, en el departamento de Cochabamba (Bolivia), donde Sant’Anna estaba al frente del internado. La presunta conducta delictiva encuadra en Uruguay como “atentado violento al pudor”, y el plazo para que no hubieran prescrito esos delitos venció en 2021, tomando en cuenta la declaración de rebeldía del acusado en 2011.
El caso había vuelto a la atención pública luego de que una investigación periodística del diario El País que reveló la presencia prolongada del ex cura en la casa familiar en Salto, donde vivió por casi dos décadas sin ser localizado por las autoridades hasta su detención en septiembre pasado tras la emisión de una alerta roja de Interpol por parte de Bolivia.
La Justicia boliviana había solicitado la extradición con el objetivo de juzgar a Sant’Anna y aplicar una pena que, en ese país, podría llegar a los 30 años de prisión. Sin embargo, la decisión uruguaya se apoya en la interpretación de que la causa ya no es exigible penalmente en Uruguay por el paso del tiempo y las normas de prescripción, aunque en Bolivia el proceso continúa técnicamente vigente.
La Fiscalía uruguaya no apeló la resolución de Porciúncula, por lo que ahora será la Justicia boliviana la que determine los próximos pasos en torno a este caso y las posibles acciones para intentar reactivar el procedimiento desde su territorio.
Mientras tanto, Sant’Anna quedó en libertad y se espera que continúe en su domicilio en Salto, donde vivió gran parte de los años en que estuvo prófugo.
Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la opinión pública han seguido el caso con atención, dadas las graves acusaciones y el largo tiempo que estuvo sin ser procesado. El fallo abre así un debate sobre la aplicación de normas de prescripción en casos transnacionales que involucran delitos contra menores y la cooperación judicial entre países vecinos.
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