¿Quién protege a los adolescentes bajo amparo del Estado? Dos casos reabren el debate sobre el INAU

Un siniestro fatal y una investigación por explotación sexual volvieron a mostrar la exposición de adolescentes institucionalizadas a adultos, drogas y situaciones de violencia. En paralelo, la distribución de $140 millones de economías salariales entre funcionarios abrió una discusión política sobre los recursos y las prioridades del organismo.

En pocos días, tres noticias diferentes terminaron conduciendo hacia una misma institución y una pregunta especialmente sensible: ¿qué capacidad tiene el Estado para proteger a niños y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado?

Un siniestro de tránsito fatal protagonizado por un militar, la formalización de cuatro hombres investigados por delitos sexuales y la controversia por la distribución de $140 millones entre funcionarios volvieron a colocar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en el centro de la discusión pública.

Los episodios son diferentes y no permiten atribuir automáticamente a los trabajadores o autoridades del organismo la responsabilidad por delitos cometidos por terceros. Sin embargo, exponen una problemática que ha sido advertida anteriormente por organismos de derechos humanos: adolescentes que abandonan centros de protección y, durante esas ausencias, quedan expuestos a consumo de drogas, violencia y explotación sexual.

Un siniestro fatal que reveló una situación de vulnerabilidad

El primero de los casos comenzó durante la madrugada del lunes 31 de agosto en Las Piedras, Canelones.

Un sargento del Ejército Nacional, de 40 años, conducía un automóvil por la calle Doctor Pouey cuando, al llegar a la intersección con Colman, chocó contra una motocicleta. Una cámara de seguridad mostró que el vehículo circulaba a elevada velocidad y en sentido contrario.

La motociclista, una mujer de 60 años que se dirigía a trabajar, murió como consecuencia del impacto. En el automóvil viajaban tres adolescentes de 17, 14 y 14 años, vinculadas al sistema de protección del INAU y que habían abandonado sin autorización el centro donde residían, según informó Teledoce.

El militar fue formalizado por homicidio culposo y suministro agravado de sustancias estupefacientes. La Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Por tanto, todavía no existe una condena definitiva.

Las dos adolescentes de 14 años regresaron al hogar, mientras que la joven de 17 fue trasladada a una clínica para recibir atención. La presidenta del INAU, Claudia Romero, indicó que en este último caso se habían detectado indicadores relacionados con consumo de sustancias y explotación sexual, de acuerdo con lo informado por El Observador.

Proteger sin privar de libertad

Las autoridades del INAU explicaron que los centros pertenecientes al sistema de protección no son establecimientos de privación de libertad. Por esa razón, sus funcionarios no pueden mantener encerrados por la fuerza a los adolescentes ni aplicar las medidas propias del sistema penal juvenil.

El propio organismo define una “salida no acordada” como la ausencia de un niño o adolescente que se encuentra bajo su protección sin el consentimiento del equipo encargado de acompañarlo. Los procedimientos internos contemplan que la situación sea comunicada a la Policía y que continúe el seguimiento correspondiente.

Esta diferencia resulta fundamental: los adolescentes alojados en esos centros no están cumpliendo una sanción penal. Generalmente llegan allí después de atravesar situaciones de abandono, violencia, abuso o incapacidad familiar para garantizar sus derechos.

Sin embargo, que un hogar no pueda impedir físicamente una salida no significa que la responsabilidad estatal desaparezca cuando el adolescente cruza la puerta.

El desafío se encuentra precisamente en ese punto: determinar el riesgo individual, prevenir salidas reiteradas, actuar con rapidez, buscar activamente al adolescente y coordinar la respuesta con la Policía, la Justicia, los servicios de salud y su entorno familiar cuando resulte posible.

Las advertencias que ya había realizado la INDDHH

La situación no es nueva. En 2024, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) investigó de oficio el caso de tres adolescentes que se encontraban bajo protección del INAU en Rivera.

La investigación comprendió desapariciones temporales e intermitentes registradas como salidas no acordadas. En los tres casos existían indicios de posibles situaciones de explotación sexual.

En su Resolución N.º 1352/2024, la institución sostuvo que corresponde al INAU evaluar el riesgo y adoptar medidas de protección adecuadas. También consideró que la intervención estatal no podía agotarse con la denuncia policial de la ausencia.

Posteriormente, el Mecanismo Nacional de Prevención analizó las condiciones de un centro adolescente femenino de Rivera y señaló problemas estructurales en el sistema. Otros relevamientos advirtieron sobre el riesgo de captación de adolescentes por redes de explotación sexual o vinculadas al narcotráfico durante ausencias reiteradas o prolongadas.

Uno de esos informes concluyó que el organismo no contaba con recursos suficientes para generar medidas de protección y evitar la repetición de estas situaciones. Las conclusiones fueron recogidas por la diaria.

Operación Tríada: cuatro hombres formalizados

Mientras todavía repercutía el siniestro de Las Piedras, una nueva investigación volvió a involucrar a adolescentes que se encontraban bajo amparo del INAU.

El 3 de setiembre se conocieron los resultados de la denominada Operación Tríada, desarrollada a partir del trabajo de las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4.º, 5.º y 6.º Turno de Montevideo.

La investigación incluyó allanamientos y detenciones, y culminó con la formalización de cuatro hombres: tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano. Todos quedaron en prisión preventiva hasta marzo, mientras avanzan las respectivas causas.

Las víctimas identificadas son adolescentes institucionalizadas y en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre los delitos investigados aparecen abuso sexual agravado, retribución o promesa de retribución a menores para realizar actos sexuales, contribución a la explotación sexual, corrupción, violencia privada y suministro de estupefacientes a menores. Las imputaciones no son idénticas para los cuatro investigados y su responsabilidad definitiva deberá ser determinada por la Justicia.

La información difundida sobre el procedimiento puede consultarse en las coberturas de Telenoche y El Observador.

La explotación sexual de niños y adolescentes constituye un delito y una vulneración grave de sus derechos. Las personas adultas son responsables incluso cuando intentan presentar estos hechos como relaciones consentidas. Así lo recuerda la campaña oficial “No hay excusas”, impulsada por INAU, Conapees y Unicef.

¿Qué responsabilidad tiene el organismo?

Ninguno de estos episodios permite sostener, por sí solo, que funcionarios del INAU participaron de los delitos investigados o que conocían previamente todas las situaciones.

El organismo atiende a una población especialmente vulnerable y enfrenta circunstancias complejas que no pueden resolverse simplemente cerrando las puertas de un hogar. Sería irreal exigir que ningún adolescente bajo su órbita vuelva a consumir sustancias, abandone un centro o resulte víctima de una persona adulta.

Pero esa complejidad tampoco debería cerrar la discusión.

Cuando las salidas no acordadas son reiteradas, extensas o afectan a adolescentes previamente identificados como víctimas potenciales de explotación, la respuesta estatal debe evaluarse por su capacidad de anticipar el riesgo, localizar a la persona y evitar que la situación se repita.

Entre la privación de libertad y la ausencia de intervención existe un amplio espacio para las políticas de protección: más educadores y técnicos, atención de salud mental, abordaje del consumo problemático, acompañamiento personalizado, seguimiento territorial y una coordinación más rápida entre instituciones.

Los $140 millones y la discusión sobre las prioridades

A estos episodios se sumó una controversia presupuestal.

Durante la comparecencia de las autoridades del INAU ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, se informó que el organismo había distribuido entre sus funcionarios aproximadamente $140 millones correspondientes a economías presupuestales generadas durante 2025.

El vicepresidente del INAU señaló que el mecanismo no fue creado por la actual administración y que se aplica desde gestiones anteriores. El Sindicato Único de Trabajadores del INAU y del Inisa también defendió la partida y afirmó que este tipo de acuerdos existe desde la década de 1990.

De acuerdo con la explicación sindical, parte de las economías se origina por cargos vacantes y demoras en el ingreso de personal. Mientras esos puestos permanecen sin cubrir, los trabajadores en funciones deben absorber una mayor carga laboral. Desde esa perspectiva, la distribución representa una compensación por productividad y esfuerzo.

La oposición cuestionó el procedimiento y propuso limitar la posibilidad de que estos recursos sean repartidos sin una intervención previa del Ministerio de Economía y Finanzas. Los argumentos de las autoridades, el sindicato y legisladores fueron recogidos por El País.

La partida no puede relacionarse directamente con el siniestro de Las Piedras ni con los delitos investigados en la Operación Tríada. Presentar una relación causal entre esos hechos sería incorrecto.

No obstante, la coincidencia temporal introduce una discusión legítima sobre las prioridades: si una parte de las economías se genera porque existen cargos sin cubrir, ¿conviene distribuir esos recursos entre el personal que asumió tareas adicionales o reforzar la plantilla y los dispositivos de protección?

La respuesta no es necesariamente sencilla. Los trabajadores pueden tener derecho a una compensación por una sobrecarga sostenida y, al mismo tiempo, el organismo puede necesitar más personal para cumplir adecuadamente sus funciones.

Preguntas que requieren información pública

Los acontecimientos recientes vuelven necesario conocer datos que permitan evaluar el funcionamiento del sistema más allá de casos particulares.

¿Cuántas salidas no acordadas se registran anualmente? ¿Cuánto tiempo permanecen ausentes los adolescentes? ¿En cuántos casos se desconoce completamente su paradero? ¿Qué protocolo se activa cuando existe riesgo de explotación sexual? ¿Cuántos cargos de atención directa se encuentran vacantes y cuánto demoran en cubrirse?

También resulta relevante saber qué medidas se adoptan después del reintegro y si cada salida genera una nueva evaluación del riesgo o una modificación del plan de atención.

Contar con estas respuestas permitiría distinguir entre hechos excepcionales y problemas estructurales, además de analizar si los centros disponen de recursos humanos y técnicos suficientes.

El INAU tiene una de las responsabilidades más delicadas del Estado: cuidar a niños y adolescentes cuyos derechos ya fueron vulnerados antes de ingresar al sistema. Esa tarea exige reconocer las dificultades reales, pero también revisar las respuestas cuando esas vulneraciones continúan mientras permanecen bajo protección pública.

Porque detrás de la discusión jurídica, sindical, presupuestal y política queda una pregunta mucho más sencilla y urgente: cuando una familia no puede proteger a un adolescente y el Estado asume esa responsabilidad, ¿quién lo protege cuando el propio sistema tampoco logra mantenerlo a salvo?