Condenan a 24 meses de prisión al hacker que filtró datos del presidente Yamandú Orsi y vulneró webs de organismos públicos
En un fallo que marca un precedente en materia de ciberdelitos en Uruguay, la Justicia condenó a 24 meses de prisión a un individuo que fue hallado responsable de publicar datos del presidente Yamandú Orsi y de vulnerar los sitios webs de importantes organismos del Estado, informó Subrayado.
El imputado fue declarado autor de un conjunto de delitos: vulneración de datos, daño informático en reiteración real, uso de material abusivo sensible informático (MASI) y falsificación de certificado público. De los 24 meses, deberá cumplir 10 meses de prisión efectiva, y los restantes 14 meses en libertad a prueba, incluyendo dos meses bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y trabajo comunitario para el resto del período.
Además, el fallo incluye sanciones accesorias que refuerzan el peso de la resolución: el condenado será incorporado al registro de abusadores y violadores por 10 años, perderá la patria potestad, guarda o tutela por el mismo período y deberá resarcir con 9.512 dólares al fondo de decomiso, además del decomiso de los dispositivos utilizados para cometer el delito.
Hechos
El incidente que desencadenó el proceso judicial se remonta al 17 de marzo de 2025, cuando un ataque a la página web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) derivó en la difusión del número de teléfono personal del presidente Orsi. El mismo individuo fue vinculado también a vulneraciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Según la comunicación oficial de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), la Unidad de Cibercrimen colaboró con la investigación que permitió la ubicación y captura del responsable.
Contexto de vulnerabilidad creciente
Esta sentencia se produce en un momento de alerta máxima para la ciberseguridad en Uruguay. Datos publicados en octubre de 2025 revelan que en lo que va del año ya se detectaron unos 146 millones de intentos de ciberataques, con más de 17.000 incidentes concretados en organismos públicos y privados.
Expertos advierten que los hackers han dejado de ser únicamente una amenaza externa aislada, para transformarse en actores que explotan vulnerabilidades internas, con acceso a información sensible y bases de datos estatales.
Repercusiones
Para el gobierno del presidente Orsi —que asumió el 1 de marzo de 2025— este episodio representa un llamado de atención sobre la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad informática e integridad digital en los organismos estatales.
Por otro lado, la condena busca servir de disuasivo frente a quienes intenten llevar a cabo acciones similares, y expresa el endurecimiento de la respuesta judicial frente al delito informático. Según la resolución, la inclusión del condenado en el registro de abusadores y la pérdida de la patria potestad son medidas que exceden el enfoque puramente informativo y muestran el carácter grave que se le atribuye al delito.
Qué se espera ahora
Desde los organismos responsables se anticipa mayor inversión en ciberseguridad, mejoras en la formación de personal, auditorías periódicas y protocolos de respuesta frente a incidentes. De hecho, la Unidad de Cibercrimen aclaró ya los procedimientos tras los hackeos y enfatizó que la prevención es clave.
Para los ciudadanos, el episodio refuerza la importancia de mantener actualizados los sistemas, emplear contraseñas robustas, y considerar la protección de la identidad digital como parte integral de la seguridad personal.
La condena impuesta al hacker que vulneró sistemas del Estado uruguayo y divulgó datos del presidente marca un hito relevante en la lucha contra los delitos informáticos. En un escenario de creciente amenaza digital, tanto las instituciones como los ciudadanos están obligados a extremar sus precauciones. El fallo no sólo castiga una acción puntual, sino que busca enviar un mensaje claro: que la integridad informática del Estado y la privacidad de las personas son bienes que recibirán mayor defensa y custodia en el entorno digital.
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