Caso “El Sugo”: la Intendencia afirma que hubo varias notificaciones y que lo retirado podrá recuperarse

La intervención realizada en el entorno del desarmadero conocido como “El Sugo” continúa generando repercusiones. Después de que su responsable, Ramón Barrios, expresara públicamente que no había recibido información suficiente sobre el procedimiento, la Intendencia de Paysandú dio su versión y aseguró que existieron varias actuaciones previas, notificaciones y plazos para liberar el espacio público.

El doctor Mauro Soto, asesor letrado e integrante de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, explicó a Paysandú Online que el lugar había sido inspeccionado en distintas oportunidades por dependencias como Higiene, Ordenamiento Territorial y Tránsito.

Según sostuvo, cada una de esas intervenciones quedó documentada en expedientes y actas que habrían sido firmadas por el propio Barrios.

“Se le daba un plazo para retirar las cosas que tenía en la vía pública y llevarlas hacia su padrón privado”, señaló Soto.

Casi 30 cargas retiradas

De acuerdo con la versión oficial, el operativo se limitó a vehículos, autopartes, objetos en desuso y otros materiales que se encontraban fuera de la propiedad privada, ocupando veredas y sectores de uso público.

Soto estimó que los elementos se extendían a lo largo de más de 200 metros y que para retirarlos fueron necesarias casi 30 cargas de camión.

El jerarca afirmó que en el lugar no solamente había chatarra automotriz, sino también televisores rotos, prendas de vestir y otros residuos. La acumulación, según manifestó, impedía incluso el acceso a algunos padrones cercanos.

“La zona estaba totalmente ocupada. Todos tenemos derecho a trabajar y a ganarnos el pan, pero no ocupando un espacio público ni interfiriendo en la vida de los demás”, expresó.

La Intendencia sostiene que la intervención respondió tanto a denuncias de vecinos como a comunicaciones realizadas por la Policía, relacionadas con la ocupación del espacio público y las condiciones de higiene del lugar.

Vehículos documentados mediante actas

Durante el procedimiento también fueron retirados vehículos que, según la evaluación municipal, presentaban señales de abandono y llevaban un tiempo prolongado en la vía pública.

Soto explicó que Tránsito realizó las actas correspondientes con intervención notarial. Para recuperar esas unidades, indicó, será necesario acreditar quiénes son sus titulares y regularizar las eventuales obligaciones tributarias.

Esta parte del operativo es especialmente relevante porque la presencia de un vehículo en la vía pública no determina por sí sola quién es su propietario. Por eso, la Intendencia señala que deberá verificarse la documentación de cada unidad antes de autorizar su entrega.

La Intendencia asegura que Barrios fue informado

Uno de los principales puntos de diferencia entre las partes está relacionado con la información proporcionada antes y durante el operativo.

Barrios había manifestado a Paysandú Online que desconocía el destino de los materiales y cuestionó la falta de explicaciones sobre la forma de recuperarlos. Soto, en cambio, aseguró que esa información fue comunicada y que existen actas que respaldan la actuación municipal.

“Se le elaboró un acta, se le preguntó si iba a proceder al retiro y se le informó el destino que tendrían las cosas y el trámite posterior para recuperarlas”, afirmó.

El asesor reconoció, sin embargo, que pudo haber dificultades para que el responsable comprendiera completamente el procedimiento y los plazos establecidos.

Barrios es un adulto mayor que vive en el mismo lugar donde desarrolla su actividad. Esa circunstancia agrega una dimensión social al caso y plantea la conveniencia de que los trámites siguientes sean explicados de manera clara, accesible y, de ser posible, con participación de familiares o de servicios sociales.

Los materiales permanecen depositados

La Intendencia negó que los objetos retirados hayan sido destruidos o descartados inmediatamente. Según Soto, fueron trasladados, documentados mediante acta y depositados en un predio municipal.

Barrios podrá solicitar su devolución siempre que acredite un lugar adecuado —propio o alquilado— donde almacenarlos sin volver a ocupar la vía pública.

“Una vez que presente la posibilidad de destinarlos a un padrón de su propiedad o rentado, los podrá retirar”, explicó.

En el caso de los vehículos, además de contar con un lugar donde depositarlos, deberá justificarse la titularidad y regularizarse la situación tributaria correspondiente.

Un plazo aproximado de 30 días

Soto indicó que, habitualmente, se concede un plazo cercano a los 30 días para regularizar la situación. Durante ese período, el interesado podrá presentar la documentación necesaria y gestionar la devolución de aquello que pueda acreditar como propio.

El asesor descartó, por el momento, una compensación económica de la Intendencia por los materiales retirados. A su entender, se actuó frente a infracciones relacionadas con la ocupación de espacios públicos, el tránsito y las condiciones de higiene.

También aclaró que no se intervino sobre la acumulación existente dentro del padrón privado.

Para ingresar a esa propiedad, explicó, sería necesaria una autorización específica vinculada a la eventual existencia de un riesgo sanitario. La Intendencia analiza solicitar esa intervención ante los organismos competentes debido a la posible presencia de roedores, alimañas y otros factores perjudiciales para la salud.

Los hurtos denunciados corresponden a otra órbita

Barrios también había relatado que sufrió reiterados robos de materiales y vinculó el aumento de esos episodios con la instalación de viviendas en la zona.

Soto respondió que cualquier denuncia por hurto debe presentarse ante el Ministerio del Interior y que la Intendencia no puede responsabilizarse por esos hechos.

El planteo requiere especial prudencia: la eventual existencia de delitos debe investigarse individualmente y no permite atribuir responsabilidades colectivas a quienes viven en los barrios cercanos.