Policías de Guardia Republicana y usuarios de armas se movilizarán frente al Ministerio del Interior y pedirán la renuncia de Carlos Negro

Sindicatos policiales y organizaciones vinculadas a usuarios legítimos de armas convocaron a una movilización para este sábado 19 de setiembre frente al Ministerio del Interior. Entre sus principales reclamos estará el pedido de renuncia del ministro Carlos Negro, mientras desde la cartera defienden las medidas adoptadas y avanzan en una estrategia que incluye mayor control de armas y municiones.

La discusión en torno a la seguridad pública en Uruguay tendrá este fin de semana un nuevo capítulo fuera de las oficinas y del Parlamento. Organizaciones policiales y representantes de usuarios legítimos de armas anunciaron una movilización frente al Ministerio del Interior, donde plantearán una serie de reclamos y pedirán la renuncia del ministro Carlos Negro.

La concentración fue convocada para este sábado 19 de setiembre, frente a la sede del Ministerio del Interior en Montevideo. Entre quienes anunciaron su participación se encuentra la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr), además de otros sindicatos policiales y organizaciones civiles.

La convocatoria es impulsada por la Asociación para la Defensa de los Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego (Addulaf), junto a otras organizaciones. Desde Unipolgr señalaron que adhieren a la movilización y que comparten el pedido de renuncia del titular de Interior.

Los reclamos de los policías

Carlos Piedra, dirigente de Unipolgr, explicó que entre los motivos que llevan al sindicato a movilizarse se encuentran la situación de la seguridad pública, los homicidios, los episodios violentos contra funcionarios policiales y la situación de la salud mental dentro de la fuerza.

El dirigente también cuestionó aspectos relacionados con la planificación de determinados operativos y sostuvo que existen problemas de comunicación y logística que afectan a los funcionarios. Uno de los ejemplos señalados está relacionado con los dispositivos de seguridad implementados en espectáculos deportivos.

La salud mental de los efectivos aparece además como uno de los puntos centrales del planteo sindical. Piedra afirmó que los recursos profesionales disponibles son insuficientes para atender a la cantidad de funcionarios que integran la Guardia Republicana.

Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, se vienen desarrollando iniciativas específicas en esta materia. En julio fue presentado el programa “Por un Bienestar Posible”, que prevé talleres durante 2026 y 2027 sobre prevención del suicidio, regulación emocional, autocuidado, señales de alerta y redes de apoyo. Para 2026 se proyectaron diez talleres destinados a alcanzar aproximadamente a la mitad de los funcionarios de la Guardia Republicana.

Los usuarios de armas también reclamarán

A la protesta se sumarán organizaciones que representan a propietarios legales de armas, un sector que mantiene diferencias con las iniciativas impulsadas por el gobierno para modificar y profundizar los controles sobre armas y municiones.

Fabián Fernández, vocero de Addulaf, indicó a El País que el principal objetivo de su organización en esta convocatoria será solicitar la renuncia del ministro. La asociación sostiene que no ha sido suficientemente escuchada por las autoridades y cuestiona que algunas de las nuevas medidas puedan terminar afectando principalmente a quienes poseen armas de manera legal.

No será la primera movilización de este sector.

El pasado 10 de julio, usuarios de armas, cazadores, comerciantes del sector y otras organizaciones se concentraron frente al Palacio Legislativo para expresar su rechazo a determinadas modificaciones planteadas por el gobierno.

El planteo de estas organizaciones es que el esfuerzo del Estado debería concentrarse especialmente sobre el tráfico ilegal de armas, el crimen organizado y el mercado clandestino, antes que introducir nuevas restricciones sobre quienes ya se encuentran registrados.

¿Qué plantea el Ministerio del Interior?

La posición del gobierno parte de un diagnóstico diferente. El Ministerio del Interior sostiene que una parte de las armas originalmente adquiridas en el mercado legal termina posteriormente incorporándose a circuitos ilegales y que, por ese motivo, es necesario reforzar los mecanismos de trazabilidad y control.

Las medidas en estudio incluyen mayores controles sobre las municiones, mejoras en el intercambio de información con el registro del Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa y un endurecimiento de penas para determinadas conductas vinculadas al porte, tráfico y fabricación ilegal de armas.

El control de armas y municiones también integra el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, presentado por el gobierno, junto con medidas contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, violencia y otros fenómenos vinculados a la seguridad.

Los números detrás de la discusión

La movilización ocurre además en un momento en el que los indicadores oficiales muestran un panorama con comportamientos diferentes según el tipo de delito.

Según el último boletín semestral del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se registraron 142.541 delitos denunciados, frente a 147.949 durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción general del 3,7%.

En ese período bajaron las rapiñas, los hurtos, los vehículos hurtados y los abigeatos.

Sin embargo, los homicidios aumentaron. Durante el primer semestre se contabilizaron 195 homicidios dolosos consumados, frente a 183 en igual período de 2025: un incremento del 6,6%.

Otro dato especialmente relacionado con la discusión actual es el uso de armas de fuego. El 74,9% de los homicidios registrados durante el primer semestre de 2026 fueron cometidos con armas de fuego, mientras que un año antes esa proporción había sido del 63,9%. En números absolutos fueron 146 casos, según los datos oficiales.

Es precisamente sobre estos números que se desarrolla parte del debate: mientras los colectivos de usuarios legales consideran que las restricciones deben enfocarse en el mercado clandestino y en quienes utilizan armas para cometer delitos, el Ministerio sostiene que mejorar la trazabilidad del mercado formal también puede contribuir a impedir que armas y municiones terminen en circuitos criminales.

Una protesta que aumenta la presión sobre Interior

La concentración del sábado reunirá así reclamos que, aunque tienen distintos orígenes, terminan confluyendo frente a una misma cartera.

Por un lado estarán sindicatos policiales que cuestionan aspectos de la gestión, las condiciones en las que trabajan los efectivos y la respuesta frente a determinados problemas de seguridad. Por otro, organizaciones de usuarios de armas que mantienen diferencias con la política de regulación que impulsa el gobierno.

La Guardia Republicana tiene además un papel especialmente sensible dentro de la estructura policial: es un cuerpo profesional con jurisdicción nacional cuya misión incluye mantener y restablecer el orden interno, combatir el delito y apoyar a otras unidades de la Policía Nacional.

La movilización fue presentada por sus organizadores como pacífica y tendrá como uno de sus mensajes centrales el pedido de renuncia de Carlos Negro.

El planteo constituye una expresión de los sindicatos y organizaciones convocantes. La continuidad del ministro, en tanto, depende de una decisión política del Poder Ejecutivo.

Con los indicadores de homicidios nuevamente bajo discusión, el debate sobre las armas abierto y los propios funcionarios policiales colocando sus condiciones laborales y su seguridad sobre la mesa, la concentración del sábado volverá a poner el foco sobre una de las áreas de mayor sensibilidad pública: cómo enfrentar la violencia y mejorar la seguridad en Uruguay.