Carlos Negro fue convocado al Parlamento por informe que vincula al PCC con cárceles uruguayas
El ministro del Interior, Carlos Negro, fue convocado a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para informar sobre la presencia en Uruguay de integrantes de organizaciones criminales brasileñas y sus posibles vínculos con grupos delictivos locales.
La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala y recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión. Aunque el planteo surgió desde la oposición, la necesidad de escuchar directamente a las autoridades fue acompañada también por los representantes del oficialismo.
La comparecencia tendrá como punto central un informe elaborado por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía, presentado ante el Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur.
El documento identifica a 88 personas privadas de libertad en Uruguay vinculadas con organizaciones criminales brasileñas. De ese total, 51 estarían relacionadas con el Primer Comando Capital (PCC), una de las principales estructuras delictivas de Brasil.
También se mencionan 19 integrantes vinculados a Os Manos, nueve al Primeiro Comando da Fronteira, siete a Os Tauras y dos a Bala Na Cara.
Un teléfono incautado abrió una línea de investigación
Uno de los principales elementos analizados por la Policía surgió durante una requisa realizada el 11 de mayo de 2025 en la cárcel de Libertad. En aquella instancia fue incautado un teléfono celular que contenía comunicaciones entre personas presuntamente relacionadas con el PCC.
Dentro del dispositivo se encontró un grupo de WhatsApp denominado “Sistema do Uruguay”, integrado por ocho miembros. De acuerdo con la información difundida, el análisis permitió obtener datos sobre integrantes activos, posibles conexiones, áreas de influencia y códigos internos utilizados por la organización.
El seguimiento policial de la presencia del PCC en las cárceles uruguayas se desarrolla al menos desde 2023.
Sin embargo, el propio informe establece una diferencia relevante: hasta el momento no fueron detectadas operaciones que demuestren una actividad directa y organizada de esas facciones dentro del sistema penitenciario uruguayo.
La advertencia se concentra, principalmente, en la influencia que podrían ejercer sus métodos, reglas y formas de organización sobre grupos criminales locales.
La frontera, otro punto de atención
El análisis identifica tres zonas especialmente sensibles de la frontera seca con Brasil: Rivera–Santana do Livramento, Aceguá–Aceguá y Chuy–Chuí.
Según el informe, pequeñas organizaciones uruguayas y brasileñas que operan en esos puntos estarían incorporando mecanismos utilizados por estructuras mayores, como el PCC y Os Manos, particularmente en actividades vinculadas al narcotráfico.
Las autoridades emplearon el concepto de “escuela criminal” para describir ese proceso de aprendizaje e imitación. La expresión no implica necesariamente que el PCC dirija todas esas actividades desde Brasil, sino que determinados grupos locales estarían adoptando sus códigos, jerarquías y modalidades operativas.
Esta distinción será uno de los aspectos sobre los cuales los legisladores pedirán precisiones al ministro.
Qué deberá explicar el Ministerio del Interior
Abdala sostuvo que la información conocida es novedosa y requiere establecer con claridad cuál es su verdadero alcance. La oposición pretende saber si existen estructuras brasileñas actuando de manera coordinada en Uruguay, qué contactos fueron identificados y qué medidas está aplicando el Ministerio del Interior para impedir su expansión.
La convocatoria también incluirá consultas sobre la presencia en el país de ciudadanos procedentes de Albania, Montenegro y Serbia presuntamente relacionados con actividades delictivas, otro asunto mencionado recientemente en el debate público sobre el crimen organizado.
Asimismo, los legisladores prevén solicitar una actualización sobre la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Pública presentado en marzo y las medidas destinadas a combatir el narcotráfico y fortalecer el control de las cárceles.
Según los datos incluidos en el reporte, entre las 16.872 personas privadas de libertad registradas en Uruguay había 420 extranjeros. Los ciudadanos brasileños representaban el grupo más numeroso, con 190 internos, seguidos por 74 argentinos. No obstante, la nacionalidad de una persona privada de libertad no supone por sí misma su pertenencia a una organización criminal.
La comparecencia parlamentaria buscará separar los datos comprobados de las hipótesis de investigación y conocer, de primera mano, la evaluación que realiza el Ministerio del Interior. La fecha de la sesión aún no fue informada públicamente.
La información central fue divulgada por El País. Las novedades institucionales y operativas pueden consultarse en el Ministerio del Interior.
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