Blancos convocan a Carlos Negro al Parlamento por informes sobre posibles vínculos entre narcos y bandas extranjeras
El ministro del Interior, Carlos Negro, deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre el avance del crimen organizado, la eventual presencia de grupos extranjeros vinculados al narcotráfico y la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública.
La convocatoria fue promovida por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala y ya recibió la aprobación de la comisión, incluso con los votos de los representantes del Frente Amplio. La fecha de la comparecencia todavía deberá coordinarse con el secretario de Estado.
Según explicó Abdala, la oposición procura obtener información oficial y precisa después de conocerse investigaciones periodísticas sobre posibles conexiones entre narcotraficantes uruguayos y organizaciones criminales extranjeras.
El legislador calificó la información como “bastante novedosa” y sostuvo que Negro deberá explicar cuál es el alcance real de la situación y qué medidas están adoptando las autoridades.
La llegada de ciudadanos de los Balcanes
Uno de los asuntos que estará presente en la comisión será el ingreso a Uruguay de ciudadanos procedentes de Albania, Serbia y Montenegro, países que han sido mencionados en informes internacionales relacionados con organizaciones criminales que operan en el tráfico de cocaína hacia Europa.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva informó que durante 2025 ingresaron a Uruguay 26 ciudadanos albaneses, 69 montenegrinos y 651 serbios. A partir de esos datos planteó evaluar la exigencia de visa para personas provenientes de esos países.
El ministro Carlos Negro respondió que, hasta el momento, las autoridades uruguayas no cuentan con pruebas que permitan asociar a esos viajeros con organizaciones criminales. También señaló que el ingreso de personas de determinadas nacionalidades no constituye por sí mismo un indicio delictivo.
Esta precisión resulta relevante: los datos migratorios reflejan movimientos de personas, pero no permiten establecer vínculos con el narcotráfico sin investigaciones y elementos probatorios concretos. La discusión parlamentaria buscará conocer si existen controles especiales, investigaciones en curso o intercambios de información con agencias internacionales.
La advertencia sobre las mafias albanesas
La preocupación política surgió después de que autoridades de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos —DEA, por su sigla en inglés— alertaran a policías de la región sobre el crecimiento de organizaciones albanesas en el tráfico internacional de drogas.
Estos grupos adquirieron presencia en diferentes puntos de América Latina debido a su capacidad para establecer contactos directos con productores y coordinar el envío de cocaína hacia puertos europeos.
Un reciente estudio del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social señaló que organizaciones procedentes de Albania, Montenegro, Serbia y Kosovo participaron en la expansión del narcotráfico en Ecuador, un proceso que estuvo acompañado por un fuerte aumento de la violencia. El análisis fue presentado como una advertencia sobre los riesgos que enfrentan otros países de la región, incluido Uruguay.
Sin embargo, la existencia internacional de esas organizaciones no implica que todos los ciudadanos procedentes de esos países estén relacionados con actividades criminales. Ese será precisamente uno de los puntos que el ministro deberá aclarar ante los legisladores.
Dudas sobre las competencias de la Junta Nacional de Drogas
La convocatoria también incluirá preguntas sobre las nuevas potestades asignadas a la Junta Nacional de Drogas.
Abdala manifestó su preocupación porque, según afirmó, el organismo recibió atribuciones relacionadas con el combate al narcotráfico y ciertas tareas tradicionalmente vinculadas con la Policía. Para el legislador, podría existir una superposición o “invasión” de competencias del Ministerio del Interior.
La oposición pretende conocer cómo se distribuirán las responsabilidades entre la Junta Nacional de Drogas, la Policía Nacional y los demás organismos encargados de enfrentar el lavado de activos y el crimen organizado.
Evaluarán el Plan Nacional de Seguridad
La comparecencia servirá, además, para realizar una puesta a punto del Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el gobierno en marzo.
El plan contiene 135 medidas distribuidas en ocho áreas y fue elaborado luego de un proceso de diálogo en el que se recibieron propuestas de partidos políticos, organizaciones sociales, especialistas e instituciones públicas.
La estrategia aborda, entre otros asuntos, los homicidios, el narcotráfico, la circulación de armas, la situación penitenciaria, la violencia basada en género y la prevención del delito.
Por otra parte, el gobierno puso en funcionamiento un Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, concebido para fortalecer la coordinación entre organismos, el trabajo de inteligencia y la utilización de nuevas tecnologías frente a delitos que superan las fronteras nacionales.
Una comparecencia para separar indicios de certezas
La presencia de Negro ante la comisión permitirá conocer qué información concreta manejan las autoridades y separar las advertencias internacionales de los hechos efectivamente comprobados en Uruguay.
Los legisladores esperan respuestas sobre posibles conexiones de narcotraficantes locales con organizaciones extranjeras, los controles aplicados a personas investigadas y la cooperación que existe con otros países.
El desafío será abordar un problema de seguridad internacional sin realizar asociaciones generales basadas únicamente en la nacionalidad de las personas. Mientras la oposición reclama mayores precisiones, el Ministerio del Interior sostiene que no existen, hasta ahora, pruebas que vinculen a los ciudadanos mencionados con el crimen organizado.
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